No. 63/64 - Enero/Febrero 1997

CAMPESINOS EL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA EN BRASIL

Las deudas de Cardoso

La lucha por la tierra continuó en el centro de la movilización social en Brasil, teniendo como principal actor al Movimiento de los Sin Tierra (MST), que presenta su "Balance de la Situación de la Reforma Agraria en 1996".

En 1996 la política agrícola del gobierno de Fernando Henrique Cardoso estuvo totalmente subordinada a los objetivos de la política económica general, y en esta línea, priorizó las medidas que apuntan a la apertura de nuestros mercados a los productos del exterior y al estímulo de la entrada de capital extranjero. Así, la agricultura quedó totalmente marginada de las políticas gubernamentales.
Se puede decir que la llamada agricultura familiar y los asentamientos no recibieron ningún estímulo del actual gobierno; por el contrario, todos los instrumentos de la política agrícola les fueron perjudiciales.

Veamos:

Crédito rural. La agricultura representa 78.000 millones dentro del Producto Interno Bruto (PIB) total de Brasil (10 por ciento) y alcanza 46 por ciento si aglutinamos el complejo agroindustrial. En otros gobiernos el crédito rural llegó a alcanzar 15.000 millones de dólares por año. En 1996, el gobierno liberó 4.000 millones par la mediana y gran propiedad, mientras que a los agricultores familiares, a pesar de que existen casi cuatro millones de establecimientos, apenas se les otorgó crédito a 168.00 por un total de 200 millones de reales.

Tasas de interés. La tasa de interés para la quedó en nueve por ciento al año, para costos, y la tasa de interés a largo plazo (TJLP) más de seis por ciento para inversión, lo cual totaliza aproximadamente 21 por ciento al año. Esas tasas parecen bajas, comparadas con los intereses cobrados en el comercio. Pero representan una elevada transferencia de renta de los pequeños agricultores a los bancos, pues se trata de un interés real. Basta compararlas con las tasas pagadas en Londres, que giran en torno del 5, 23 por ciento al año. Esos intereses inviabilizan cualquier rendimiento para los pequeños agricultores.

Tasas de cambio. El gobierno continúa manteniendo una tasa de cambio irreal, sobrevalorizando la moneda nacional en relación al dólar, cuyo único objetivo es mantener baratas las mercancías importadas y, con la eliminación de otras tarifas aduaneras, abrir el mercado. Con eso el mercado fue inundado por mercaderías agrícolas a bajos precios, perjudicando al agricultor, y por otro lado inviabilizó y retiró la renta de los productos agrícolas exportadores.

Política de precios. El gobierno ha influido para que los precios de los productos para el mercado internacional como la leche, la carne de cerdo, maíz, aves, etc. fuesen presionados a la baja, retirando renta de los pequeños agricultores que a ellos se dedican, con el único objetivo de mantener un valor de canasta básica bajo, y así mantener el salario mínimo en niveles tan bajos, como 112 dólares por mes ,que se transformó en el salario mínimo más bajo del mundo. O sea, el gobierno aprieta la renta de los pequeños agricultores, para viabilizar salarios ridículos en la ciudad, lo que tan solo significa garantía de altas ganancias para las empresas.

Situación de la agricultura

Como consecuencia de la política económica y de la política agrícola del gobierno, la agricultura fue duramente afectada y trajo con eso una crisis económica y social jamás vivida en el interior, que acabó afectando a todos los productores (grandes y pequeños), a todos los productos y a todas las regiones. De ahí que el área cultivada total en la zafra de 1996 fue dos por ciento inferior a la de 1980. Y, con relación a este mismo año, a la renta de la agricultura de la cosecha en 1996 fue 49 por ciento menor. El estimado de la producción de 72 millones de toneladas para la próxima cosecha es igual a la producción de 1980.

Por eso, en los primeros 10 meses de 1996 el gobierno gastó 2.600 millones de dólares en la importación de alimentos que podrían ser producidos en Brasil (carnes, pescado, leche, derivados, cereales y algodón). El caso más sintomático de esa política es que Brasil era el mayor exportador mundial de algodón y hoy se el tercer mayor importador, siendo que 400.000 personas perdieron empleos relacionados con el algodón.

Esa crisis en la agricultura trajo más desempleo también en el campo, éxodo rural y un desánimo completo, que afecta sobre todo a los pequeños agricultores. Y, obviamente, el hecho que la agricultura no sea más rentable trae consecuencias para los trabajadores rurales y para la reforma agraria, que pierden perspectiva de construir su futuro en el medio rural.

Compromisos del presidente con el MST

El 2 de mayo, en audiencia con la dirección nacional del MST, el presidente Fernando Henrique Cardoso asumió los siguientes compromisos:

Que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) priorizaría el asentamiento de las familias acampadas (que viven en campamentos precarios construidos por lo general en las veras de los caminos), adecuando inclusive la meta de 60.000 dentro de los estados con el mayor número de familias acampadas.

Que no faltarían recursos para la reforma agraria. Que la reforma agraria era prioritaria para su gobierno.

Que el gobierno movilizaría su bancada para aprobar cuatro leyes en trámite en el Congreso.

Que el gobierno se movilizaría para garantizar la sanción a los responsables de las masacres de Carajás.

Desgraciadamente, terminó el año sin que esos compromisos del presidente hayan sido honrados.

Ocupaciones y campamentos

El MST inició en 1996 con aproximadamente 22.000 familias acampadas. Durante el año se realizaron más de 167 ocupaciones de haciendas improductivas, que movilizaron a 44.647 familias en 21 estados donde el MST está organizado.

Ese volumen de ocupaciones fue un récord en la historia del MST, pues en años anteriores se realizaban alrededor de 50 ocupaciones anuales que movilizaban en promedio 16.000 familias.

Por otro lado, cerramos el año con 244 campamentos que agrupan todavía 41.510 familias en todo el país.

Sabemos, asimismo, que durante 1996 en varios estados se multiplicaron las ocupaciones de manera espontánea, provocadas por la crisis social en la agricultura, u organizadas por sindicatos y otros movimientos de apoyo a la reforma agraria. El número de familias implicadas en esas ocupaciones y campamentos supera 15.000.

Expropiaciones y asentamientos del gobierno

Durante todo 1996 el gobierno hizo propaganda de que cumpliría su meta de asentar 60.000 familias en el curso del año.

De hecho hubo avances en relación a los gobiernos anteriores, que hicieron casi nada, el gobierno de Cardoso expropió en el año alrededor de dos millones de hectáreas de tierra. Con la publicación del Decreto de expropiación en el Diario Oficial, sin embargo, dada la morosidad del Incra y de la falta de recursos para depositar en tiempo hábil en la justicia, apenas 500.000 hectáreas alcanzaron el visto bueno de posesión del Incra, y pudieron transformarse en proyectos de asentamiento.

Según los datos oficiales del Incra, hasta mediados de diciembre de 1996 fueron asentadas 51.136 familias, de las cuales 18.000 recibieron tierras en proyectos ya existentes. Si miramos con detenimiento los proyectos en estados como Pará, Marañao y Bahía, veremos que hay familias que han sido "asentadas" en asentamientos que existen desde 1978, 1987 ó 1991.

Por otro lado, de las 32.000 familias que habrían sido asentadas en áreas expropiadas en 1996, hay un gran número que ya vivían en las áreas como posesionados, y tuvieron su situación regularizada, lo que es positivo, mas no se trata de reforma agraria, pues no alteró la situación anterior. Cabe anotar que el 45 por ciento de esas familias "asentadas" se encuentran en estados de frontera agrícola: Marañao, Pará y Mato Grosso. Y si sumamos otros estados de la región norte, alcanza el 69 por ciento. Por tanto, la reforma agraria del actual gobierno es en regiones de colonización y no está contribuyendo a resolver la situación de gravedad social de las regiones nordeste, sur y sudeste. En toda la región del sur fueron asentadas apenas 1.342 familias.

Analizando los datos del Incra, el MST considera que apenas alrededor de 25.000 familias fueron efectivamente asentadas en asentamientos de reforma agraria, durante 1996. Y no se trata de semántica de números. El gobierno piensa que con solo hacer propaganda resolvió el problema; no lo resolvió, pues los campamentos son reales y ahí están como testimonios vivos de la inoperancia y de la manipulación de los datos.

Los recursos para la reforma agraria

El Presidente de la República afirmó que no faltarían recursos, pero la realidad demuestra que la reforma agraria no fue prioridad del gobierno.

En el presupuesto de la Unión fue aprobada una partida de 1.500 millones de reales para la reforma agraria. El 30 por ciento de esos recursos se refieren al mantenimiento de la maquinaria administrativa del Incra (personal, vehículos, etc.) y otros 400 millones en títulos de Deuda Agraria para expropiaciones.

De los recursos aprobados, el gobierno congeló una parte, liberó sólo 1.251 millones. Y estos recursos fueron asignados a cuenta gotas, provocando grandes perjuicios para la emisión de posesiones y para las actividades del Incra. Basta ver que hasta el 30 de noviembre el Incra había gastado apenas 862 millones de reales y tenía un presupuesto disponible no gastado de 460 millones.

En el caso de los recursos para las familias asentadas, también durante todo el año fue una lucha permanente para que fuesen liberados. Había un presupuesto aprobado de 100 millones para la producción, en el programa del Procera (crédito gubernamental para los asentamientos). Y el presidente había prometido aumentar a 243 millones. Y otros 61 millones para crédito de fomento, habitación y alimentación.

Esos recursos fueron liberados fuera de época y no atendieron las necesidades. Cabe anotar que cada familia tiene derecho a 7.500 reales para producción (del Procera), 4.500 como crédito de alimentación y 3.000 para habitación. Si de hecho el Incra hubiese asentado a las 60.000 familias, habría necesitado 720 millones para esos créditos. Sin embargo, ni asentó todas las familias, ni liberó los recursos suficientes para las 250.000 familias efectivamente asentadas.

Situación del Incra

El Incra continúa siendo un organismo no prioritario para el gobierno. Y desacreditado.

Basta ver que en los dos años de gobierno de Cardoso ya fueron nombrados cinco presidentes de esta institución. Continúan faltando recursos humanos y financieros para adecuar al Incra a las necesidades de asentar a las familias prometidas por el gobierno. Los funcionarios están desmotivados y en los estados son frecuentes las situaciones de falta de combustible y recursos para hacer las visitas a los inmuebles. El edicto para la contratación de más de 100 procuradores y otros 80 técnicos no logró cumplirse todavía, y la morosidad del organismo es muy grande.

La violencia en el campo

Un balance de la situación de violencia en el campo durante 1996 muestra que tuvimos graves problemas al inicio del año, con la persecución política realizada por el órgano judicial Pontal do Paranapanema, que resultó en la prisión injusta de cuatro líderes del MST. En abril, la nación fue estremecida por la truculencia de la Policía Militar y el gobierno de Pará con la masacre de 19 compañeros en Carajás. Posterior a estos episodios, gracias a la indignación generada en la sociedad y a los reclamos que ésta pasó a formular al gobierno, se percibió que tanto las fuerzas de los hacendados como la propia Policía Militar optaron por mantenerse a la defensiva y el número de asesinatos en el campo disminuyó.

Según las estadísticas de la Comisión Pastoral de la Tierra, que desde hace 20 años procesa sistemáticamente la violencia en el campo, los datos preliminares señalan que se registraron 47 asesinatos en 1996, que se mantiene en la media de los años anteriores. Pero si restamos el número de 19 masacrados en Carajás, el número se reduce a 28, cuando la media histórica ha sido de 50 líderes por año.

En este clima de impunidad y violencia en el campo se destaca el asesinato de la esposa de un ex-diputado de Pará, Rejane Guimaraens, el 6 de setiembre, y también del abogado de derechos humanos Francisco Nogueira de Carvalho de Río Grande del Norte, el 20 de octubre. Aunque no estén directamente relacionados a conflictos de tierra, revelan el nivel de violencia que todavía existe.

Por último, en caso de la Masacre de Carajás los procesos circulan lentamente en la Justicia de Pará, con graves defectos procesales, que indican que no serán juzgados antes del año 2007 y que difícilmente los responsables serán sancionados. Sería necesario introducir cambios en la legislación actual, como la Ley Bicudo aprobada íntegramente, y un acompañamiento más incisivo del gobierno federal, para que de hecho la sociedad brasileña pueda saber que habrá sancionados.

La sociedad brasileña y la reforma agraria

Durante 1996 se hicieron diversos sondeos de opinión pública y todos revelaron un elevado apoyo de la sociedad a la reforma agraria. Todos indican que más del 86 por ciento de la población apoya la reforma agraria. Por otro lado, el MST quedó en cuarto lugar, a nivel nacional, entre las instituciones con mayor credibilidad (encuesta Vox Populi).

También hubo manifestaciones y repercusiones en la opinión pública internacional respecto a la necesidad de la reforma agraria en Brasil.

Finalmente, fruto de ese apoyo de la sociedad, el MST recibió 14 premios en el curso de 1996 y se le otorgó el Premio Rey Balduino, de Bélgica, como reconocimiento a su trabajo en pro del desarrollo.

Evaluación de la reforma agraria

Gracias a las movilizaciones de los trabajadores rurales, a través del MST y de otras organizaciones, gracias al apoyo incondicional que la sociedad brasileña ha manifestado a la reforma agraria, el gobierno se vio obligado a acelerar el paso para resolver los conflictos en el campo. Pero todavía estamos muy distantes de una verdadera reforma agraria, que sea realizada de forma masiva, que realmente beneficie a los 4,8 millones de familias sin tierra, que acabe con los latifundios y que reorganice la producción agrícola del país, contribuyendo a resolver el problema del hambre, la miseria, el desempleo, el éxodo rural y la marginalidad social en las ciudades.

Para de hecho alcanzar una verdadera reforma agraria, consideramos que estamos enfrentando los siguientes enemigos:

Los latifundistas, que todavía tienen mucha influencia en el gobierno, en el Congreso y en el poder político en el interior.

La política económica neoliberal del gobierno, que marginalizó la agricultura.

La no priorización de la reforma agraria por parte del gobierno, que es lento, inoperante y se preocupa más por la propaganda que por la solución verdadera de los problemas sociales.