No. 63/64 - Enero/Febrero 1997

AMÉRICA LATINA

Una región con doble personalidad

Todos los informes coinciden: el crecimiento y la estabilidad dominan en América Latina. El PIB creció 3,5 por ciento en 1996 y la inflación fue de sólo 20 por ciento. A nivel político, la violencia dejó paso a los procesos de pacificación. Sin embargo, junto con la economía también crecen el desempleo, la probreza y la marginalidad, en tanto la guerrilla, que sigue activa en países como México y Colombia, y resurgió con acciones espectaculares en Perú y Chile. Para peor, con la firma de la paz "firme y duradera" en Guatemala retornó el fantasma de la impunidad. Todo esto parece haber recordado a gobiernos y organismos multilaterales que el logro de una mayor equidad social es el primer desafío que enfrenta la región en 1997.

Bogotá, la ciudad más peligrosa de América Latina, junto con Río de Janeiro, fue certificada como la primera urbe "Triple B" de la región, es decir con las finanzas más sólidas, por Standard & Poor's, una reconocida calificadora de riesgos de inversión.
Con seis millones de habitantes, muchos de los cuales viven en asentamientos ilegales, en la capital de Colombia se registraron el año pasado cerca de 35.000 homicidios. Segura para invertir pero no para vivir, Bogotá simboliza una patología que se extiende a todo el continente.

Hace una década, los entusiastas del neoliberalismo aseguraban que para erradicar la pobreza en América Latina debe combatirse la inflación, abrir la economía y promover el crecimiento. Los requisitos se cumplieron, pero la situación social sigue siendo negativa y el logro de una mayor equidad aparece como el primer desafío para 1997. Muchos de los que promovían las recetas liberales centran ahora su mira en el déficit social, convertido en seria amenaza para el propio modelo de libre mercado.

Los organismos multilaterales de crédito, que durante la "década perdida" exigieron con monótona melodía crecientes recortes del gasto público, tomaron ahora la delantera en el reclamo del gran giro hacia la inversión social.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, subrayó que América Latina es una de las regiones donde más crece la inequidad, lo que le impide superar un techo de crecimiento de cuatro por ciento, por la falta de mercadeo interno. En el caso de Argentina, con inflación propia de país industrializado pero con desempleo también a la "europea", un experto en temas tributarios del Fondo Monetario Internacional, Vito Tanzi, alertó sobre el riesgo de que los costos sociales del ajuste comprometan los avances macroeconómicos logrados en los últimos años.

Baja la inflación, crece el desempleo

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en su último informe anual que en 1996 la tasa regional de inflación, ponderada según el número de habitantes, disminuyó de 890 por ciento en 1993 a 340 en 1994, cayó a 26 en 1995 y se ubicó en sólo 20 por ciento en el último año.

No obstante, el informe registra un aumento del desempleo en casi todos los países de la región: en Argentina supera 17 por ciento, en tanto en Brasil pasó de 4,6 a 5,7 por ciento entre 1995 y 1996, en Colombia de 8,9 a 11,4, en Venezuela de 10,9 a 11,9, y en Uruguay de 10,8 a 12,6 por ciento. La Cepal advirtió, además, que el fenómeno del desempleo va acompañado del incremento de la subocupación, así como de la precarización de las condiciones de trabajo, con deterioro del salario real.

Pero las paradojas regionales no se limitan a la esfera económica. A nivel político, los aclamados éxitos de los procesos de pacificación comienzan a dejar al descubierto compromisos difíciles de aceptar para amplios sectores de la sociedad y han comenzado a manifestarse fundadas dudas sobre el definitivo arrinconamiento de la guerrilla en países como Perú y Chile, donde los éxitos macro económicos conviven con delicadas tensiones sociales, tras las espectaculares acciones que concluyeron con la toma de la embajada de Japón en Lima y la fuga de una cárcel de alta seguridad de Santiago de cuatro dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) grupo nacido del Partido Comunista autor del frustrado atentado contra el general Augusto Pinochet en 1986 y del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991.

Pacificación e impunidad

En Guatemala, amplios sectores de la sociedad expresaron su "repudio y decepción" ante la aprobación por el Congreso de la Ley de Reconciliación Nacional, una "solapada amnistía general" que determina la extinción de la responsabilidad penal de guerrilleros y militares, equipara de hecho los crímenes cometidos por ambos bandos durante un conflicto armado en el que murieron más de 150.000 personas.

La Ley, producto de los acuerdos que concluyeron el 29 de diciembre con la firma de la paz "firme y duradera" por el gobierno de Alvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), puso nuevamente sobre el tapete el tema de la impunidad de que gozan los culpables de violaciones de los derechos humanos en América Latina.

"No es lo mismo que hicieron los militares, que secuestraron, torturaron, ejecutaron y asesinaron a sangre fría que lo que hicieron los guerrilleros, declaró una representante del Frente Democrático Nueva Guatemala, la única fuerza política que se opuso a la Ley en el parlamento, en tanto la directora de la fundación humanitaria Myrna Hack dijo que "imponer el derecho de los victimarios sobre el de las víctimas equivale a la impunidad".

Es significativo que los primeros que solicitaron acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional hayan sido los tres militares señalados como autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990: Edgar Godoy y los coroneles Juan Valencia y Juan Oliva.

"Lamento que los primeros que hagan uso de esa Ley sean precisamente los asesinos de Myrna Mack, un caso que lleva años de investigación y se conocen exactamente las pruebas de responsabilidad de estos asesinos", declaró la dirigente indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, quien coincidió en que la Ley deja muchas puertas abiertas a la impunidad.

Un debate similar al que se plantea hoy en Guatemala se dio años atrás en países de América Latina sometidos a dictaduras militares en las décadas del 70 y 80, como Argentina y Uruguay, donde fueron aprobadas las leyes de "punto final"y "obediencia debida", y de " caducidad de la pretensión punitiva del Estado", en el segundo, o Chile, donde rige una amnistía aprobada en 1978 durante la dictadura de Pinochet que dejó impunes unos 3.000 crímenes represivos.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina, Europa, Asia y Africa reunidas en Chile aprobaron el 22 de diciembre una aclaración en la que demandan acciones para combatir la impunidad, un fenómeno que viola un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y por tanto atenta contra la paz e impide la plena realización de la democracia.

No obstante, los resultados económicos y el respeto de los derechos humanos marchan por carriles separados.

¿Resurge la guerrilla?

En Perú, un país acosado por denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto el gobierno de Alberto Fujimori como el grupo de guerrilleros Sendero Luminoso han debido hacer frente a acusaciones de organismos humanitarios internacionales y comunidades locales, atrapados en medio de un fuego cruzado. Pero esto no le ha impedido atraer una creciente inversión extranjera. Al contrario. Los cautelosos capitales chilenos avanzaron en los últimos años hacia el país vecino, seducidos por la estabilidad abierta luego de la publicitada derrota del terrorismo. Todo esto quedó en entredicho el 17 de diciembre, con la toma de la embajada de Japón en Lima.

Menos convocado por la prensa que Sendero Luminoso, pero con más demostrada capacidad operativa el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA) se le presentó a Fujimori en el momento menos oportuno. Cuando su popularidad se encontraba en el nivel más bajo desde que llegó al poder en 1990, un comando del MRTA capturó a su canciller junto con una cifra tal de rehenes que los primeros anuncios provocaban incredulidad, lo colocó en una delicada situación con su principal soporte a nivel internacional -Japón- lo enfrentó a varios gobiernos de la región y remontó hasta cotas aún imposibles de estimar el riesgo-país de Perú.

Tampoco éste parece un fenómeno localizado.

La fuga en helicóptero el 30 de diciembre de cuatro dirigentes del supuestamente arrinconado FPRM puso al descubierto los claroscuros de la realidad de Chile, un país presentado como un ejemplo en la región por sus avances macroeconómicos donde el combate a la pobreza se libra con tal parsimonia que provocó la salida del Ministerio de Planificación del socialista Luis Maira, exasperado ante las dosis homeopáticas con que eran alimentados los programas sociales por el gobierno de Eduardo Frei.

Aun cuando los movimientos guerrilleros no cuenten con condiciones para plantarse seriamente la toma de poder en América Latina, los contrastes sociales y la frustración de amplias capas de la población, que ha dado lugar al desbordado auge de la delincuencia abonan el terreno para su acción.

"Los problemas macrosociales acumulados son una bomba de tiempo que amenaza la estabilidad social", aseguró a mediados de enero en Caracas el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Carlos Rodriguez Madariaga quien recordó que cuando comenzaron a aplicarse las medidas de ajuste en la región se señaló que tras el saneamiento de los índices macroeconómicos el proceso llegaría a los más pobres. "pero esto no se ha visto", subrayó la máxima autoridad de la Iglesia Católica en América Latina.

Si la criminalidad es más baja en Europa que en otras regiones del mundo, esto se debe a la existencia de un sólido sistema de seguridad social, comentó un consultor del BID durante un encuentro de reflexión sobre la violencia convocado en el organismo en Washington el febrero pasado. Pero si todo esto "lo comienzan a transformar, como se transformó en Chile o en Estados Unidos, donde prácticamente no existe, la gente reacciona".

En esta oportunidad, el actual ministro de Planificación de Venezuela, el socialista Teodoro Petkoff, pronosticó un futuro para un país que, también en este caso, desborda los límites nacionales: "Una sociedad como la venezolana, donde el 10 por ciento más rico capta el 47 por ciento de los ingresos y el 10 por ciento más pobre solamente el 1,7 por ciento, probablemente va hacia alguna forma de guerra civil, solapada, permanente, como parecen ser los aspectos de rebelión que refleja la actual delincuencia".

A un año de este sombrío pronóstico, la situación en América Latina no parece haberse modificado demasiado.