No. 63/64 - Enero/Febrero 1997
La Globalización y sus injusticias
por
Marthin Khor
Como consecuencia de la globalización, los países del Sur están perdiendo control sobre las políticas económicas que conducen a su desarrollo. En la actual era de "acuerdos de libre comercio", la pérdida de tal soberanía económica está destinada a agravarse, a menos que los pueblos y los gobiernos del Sur se den cuenta de este peligro y se organicen para luchar por el orden económico internacional más justo.
Las relaciones entre la globalización y el desarrollo son complejas e involucran temas clásicos y contemporáneos de economía política y de desarrollo social. También es útil distinguir diferentes niveles de causa y efecto: internacional, regional, nacional y local.
Un aspecto clave de la relación entre la globalización y el desarrollo es la falta de equidad en materia de poder, capacidad y recursos, en la relación comercial y económica, en la distribución de ganancias y pérdidas. La forma en que están establecidos los sistemas económico y comercial del mundo es injusta; las condiciones de comercio, finanzas, inversión y transferencia son injustas, y la distribución de beneficios o pérdidas también es injusta.
En general, las partes más poderosas se benefician de las relaciones económicas internacionales, otros países ganan en conjunto pero en menor proporción, mientras otros salen perdiendo. Dentro de esta última categoría, los sectores más débiles de la sociedad son los que sufren los costos del ajuste.
Algunos países en desarrollo, especialmente del este y sudeste de Asia, lograron hacerse se un nicho en el mercado mundial, y mediante una combinación de factores alcanzaron un crecimiento alto y sostenido. Parte de este crecimiento "se escurrió" hacia amplios sectores de la población y de esa forma facilitó la satisfacción parcial de sus necesidades básicas. Hay muchas lecciones que aprender de la experiencia de estos países. Sin embargo, la mayoría de las naciones están aún en garras de la pobreza, y sería demasiado simplista afirmar que para desarrollarse sólo necesitan tomar el mismo camino de estos países de alto crecimiento.
El proceso de la globalización juega un papel cada vez más crucial en la determinación de los efectos del comercio, otras relaciones económicas externas, estrategias de desarrollo nacional y satisfacción de los derechos humanos. La globalización fue un factor vital en la experiencia colonial, pero en el mundo poscolonial de hoy se ha vuelto aún más intensa, mientras la competencia económica entre empresas y países impulsa las relaciones internacionales y las políticas domésticas.
Debido a las injusticias en las estructuras económicas mundiales, el Sur transfiere anualmente varios cientos de miles de millones de dólares en recursos al Norte en términos de pérdidas comerciales, pago de intereses, etc. Esta sangría constituye una de las principales causas de la falta de recursos del Sur, afecta profundamente su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de su población y, por tanto, tiene efecto determinante sobre los derechos humanos.
En el período colonial, las economías de los territorios colonizados fueron distorsionadas par servir a las necesidades de los dominadores coloniales, y aquéllos pasaron a depender de estos últimos y del mercado internacional .Esta dependencia sustituyó al anterior autoabastecimiento básico de muchos de los territorios colonizados y adoptó varias formas, incluso la dependencia de la inversión, el comercio, las finanzas y la tecnología.
En el período poscolonial, pese a la independencia política, la mayoría de las naciones del Tercer Mundo aún dependen económicamente de los países del Norte, sus corporaciones transnacionales (CTN) e instituciones. Cada forma de dependencia está asociada a mecanismos específicos por los cuales los países del Sur deben transferir fondos y recursos sustanciales al extranjero. El flujo de recursos Sur-Norte supera por lejos la "ayuda" Norte-Sur, gran parte de la cual consiste en préstamos que deben ser reembolsados de todas formas.
Hemorragia financiera
El flujo Sur-Norte constituye una verdadera hemorragia financiera y actualmente podría superar los 500.000 millones de dólares anuales. Esto se debe a la posición adversa del Sur en las estructuras internacionales de comercio, finanzas, tecnología y distribución.
Un factor importante en esta situación es el creciente poder de las CTN y su impacto sobre la economía y la política nacional y local. A través de fusiones y adquisiciones, cada vez menos CTN controlan una proporción mayor del mercado mundial, ya sea en productos básicos, manufacturados o servicios.
En la mayoría de los países del Sur, las CTN juegan un papel de importancia creciente. Varios gobiernos impusieron formas de control y regulación sobre estas compañías, pero en los últimos años algunos han estado compitiendo entre ellos por la inversión de empresas extranjeras. Parte de la elite comercial y algunas pequeñas empresas locales compiten con las CTN y sus productos, mientras otras trabajan en colaboración con ellas y obtienen beneficios. Pero independientemente de las actitudes individuales hacia estas empresas, los gobiernos de los países del Sur tienen actualmente opciones limitadas en la determinación de las políticas nacionales que afectan diferentes aspectos del funcionamiento de las CTN. Esto se debe a los programas de ajuste estructural y a los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, que dieron origen en 1995 a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Con el fin de aceitar su maquinaria y sobreponerse a sus rivales, las CTN sobornan rutinariamente a los gobernantes. De esta forma, muchos gobiernos del Sur son considerados -con acierto- corruptos, y se sabe que muchos líderes políticos poseen en sus cuentas millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. Pero este fenómeno no se restringe al Sur. Recientes escándalos en Italia, Japón, Francia y gran Bretaña revelaron que líderes políticos del Norte también han sido sobornados. La influencia de las corporaciones sobre las políticas estatales parece ser, por tanto, un fenómeno universal.
Globalización de economías nacionales.
Otra faceta de la globalización es la que afecta a las economías nacionales. En primer lugar, los países del Tercer Mundo están cada vez más sujetos a los dictámenes del mercado mundial. En segundo lugar, áreas vitales de la política económica que alguna vez estuvieron bajo el dominio de los gobiernos nacionales del Sur han pasado al control de gobiernos extranjeros del Norte o de organizaciones internacionales financieras, comerciales y económicas controladas por el Norte, que actúan en favor de los bancos y compañías transnacionales.
Esta globalización de la adopción de decisiones económicas a nivel nacional es promovida por los programas de ajuste estructural (PAE) impuestos desde los años ochenta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países endeudados como condición para la reestructuración de la deuda, así como los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT firmados en abril de 1994. La implementación de estos acuerdos en el futuro extenderán y acelerarán el proceso de globalización. Como este proceso está determinado por los principales países industrializados, éstos pueden utilizarlo para subordinar las economías del Sur a los intereses del Norte.
Deuda y ajuste estructural: conductos para la globalización de la macroeconomía
Los gobiernos del Norte utilizan al Banco Mundial y al FMI como instrumentos para mantener el control del sistema financiero y económico mundial. La crisis de la deuda ofreció a estas instituciones la oportunidad de imponer los PAE y debilitó la capacidad del Sur para continuar presionando mediante el movimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, mientras los bancos del Norte, respaldados por sus gobiernos y las instituciones de Bretton Woods, idearon despiadadamente formas de reembolsarse la mayor parte posible de la deuda (con intereses), en lugar de compartir equitativamente las pérdidas entre acreedores y prestatarios.
Así, el ajuste estructural cumple dos funciones: reestructurar las economías de los países en desarrollo de modo que puedan ahorrar más divisas para pagar sus deudas y convertir sus políticas macroeconómicas y sociales en un modelo "laissez faire", compatible con los requisitos a largo plazo de la economía mundial dominada por el Norte.
Muchos países que aplican PAE sufrieron una marcada reducción de sus ingresos, promedialmente de 15 por ciento en América Latina y 30 por ciento en Africa subsahariana, durante la década del 80. La inversión por habitante cayó en la misma década 75 por ciento en Africa y 40 por ciento en América Latina, mientras que en los 42 países más pobres del mundo el gasto en salud disminuyó más de un 50 por ciento y en educación cerca de un 25 por ciento. La mortalidad infantil aumentó en muchos países. Durante los años 80, el número de pobres absolutos se incrementó en el mundo en desarrollo en su conjunto, y en Africa aumentó en relación a la población.
Implicaciones para los derechos humanos
Las consecuencias de los PAE sobre los derechos humanos fueron analizadas en detalle en un informe presentado para la Organización de las Naciones Unidas por el Relator Especial de la Comisión sobre Derechos Humanos, Danilo Turk.
El informe detalla la forma en que los PAE han conducido a la negación del desarrollo y el efecto negativo del ajuste sobre la realización y el goce de algunos derechos económicos, sociales y culturales. En particular, explica el perjuicio producido sobre: el derecho al trabajo, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la atención médica, a la educación y al desarrollo.
Turk cita las conclusiones de la consulta mundial de la ONU sobre la Realización del Derecho al Desarrollo como Derecho Humano: " la transferencia del control de los recursos situados en países en desarrollo hacia naciones industrializadas, intensificada en los años 80, constituye otro obstáculo para el desarrollo. De manera similar, la creciente carga de la deuda y el ajuste estructural afligen especialmente a los sectores más pobres y débiles de la sociedad, y tienen claras consecuencias sobre los derechos humanos".
La Ronda Uruguay, la OMC y la nueva era de globalización.
El incrementado alcance de los "acuerdos de libre comercio" posee una tremenda importancia para la determinación de las políticas socioeconómicas nacionales, la distribución de los recursos y finalmente para la soberanía y los derechos humanos.
La conclusión de la Ronda Uruguay del GATT fue considerada en la prensa internacional como un gran triunfo para la economía internacional y una bendición para todos los países. Es claro, sin embargo, que los resultados son variados para algunas naciones, mientras para muchas otras (especialmente las pobres) son totalmente negativos e implican una pérdida adicional de recursos económicos. Los acuerdos también privan a todos los países del Sur de una gran variedad de opciones de desarrollo.
En cierto sentido, la Ronda complementa los efectos de los PAE, ya que liberaliza varios sectores económicos de los países que integraron el GATT y actualmente son miembros de su sucesora la OMC. Los PAE involucran a unos 80 países en desarrollo endeudados. Si alguno de ellos superara la crisis y no precisara más préstamos condicionados a PAE, o si hubiera un cambio de gobierno o de política gubernamental, las políticas de los PAE podrían, en teoría, modificarse o revertirse.
Sin embargo, una vez que un gobierno firmó los acuerdos de loa Ronda Uruguay e ingresó a la OMC, está obligado a cumplir con las normas de esta organización, las cuales limitan las opciones políticas en varias áreas. El incumplimiento de ésas normas puede provocar severas sanciones, incluso represalias comerciales y en otros ámbitos. En casos extremos, el incumplimiento también puede acarrear la expulsión de la organización y por ende la amenaza de discriminación o boicot comercial de otros países miembros.
Para un gobierno del Sur sería muy difícil, sino imposible, modificar las reglas de la OMC o escapar a su cumplimiento. Una alternativa sería, por supuesto, la de abandonar el sistema multilateral, pero pocos gobiernos o líderes políticos poseen la fuerza o el coraje necesario para hacerlo.
Grandes concesiones
Se prevé que los acuerdos de la Ronda beneficiarán a aquellos países en desarrollo capaces de aprovechar ciertos cambios. La reducción de los aranceles industriales del Norte podría beneficiar a aquellas naciones del Sur con capacidad manufacturera de exportación, y la proyectada revocación gradual del "acuerdo multifibra" tendrá un efecto positivo para los países pobres que exportan productos textiles. Asimismo, la disminución de de los subsidios agrícolas podría mejorar el acceso al mercado de aquello países del sur que exportan productos agrícolas.
Estos beneficios, sin embargo, corresponderán a aquellas naciones en desarrollo que están en mejor situación económica y poseen capacidad exportadora. Los países más débiles no obtendrán beneficioso éstos serán mínimos. Se prevé que varios estados sufrirán pérdidas absolutas como resultado de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Además, los beneficios sólo serán palpables en un plazo de 10 a 20 años, y su alcance será mucho menor que el requerido por los países en desarrollo.
A cambio de esto, el Sur en su conjunto ha debido hacer grandes concesiones, especialmente al acceder a la introducción de nuevas normas sobre servicios, inversión y derechos de propiedad intelectual en el sistema del GATT/OMC.
Para los grupos particulares de los países del Sur, la Ronda Uruguay plantea problemas específicos. Por ejemplo, el acuerdo agrícola podría tener efectos sumamente negativos sobre la mayoría de ellos, ya que tendrán que reducir sus subsidios domésticos a los agricultores y los aranceles de importación de alimentos. Muchos agricultores tendrán que competir con importaciones de menor costo y no podrán sobrevivir. La liberalización agrícola también aumentará el precio mundial de los alimentos, lo cual beneficiará a los exportadores pero aproximadamente 100 países importadores de alimentos del Tercer Mundo tendrán gastos de importación y estarán entre los principales perdedores de la Ronda Uruguay.
La liberalización de los servicios también será parte importante de la agenda de la OMC. En muchos países en desarrollo, el sector de los servicios está relativamente protegido y se han podido desarrollar empresas locales en los sectores de la banca, los seguros , el comercio, los medios de comunicación y los servicios profesionales. Se teme que, con la liberalización, las CTN del Norte involucradas en servicios penetren y finalmente dominen el sector.
La pérdida colectiva del Sur se sintió más en el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs por sus siglas en inglés), por lo cual los países quedan obligados a introducir leyes sobre propiedad intelectual similares a las del Norte.
Esto obstaculizará el desarrollo tecnológico indígena y producirá un aumento de las regalías y derechos a pagar a las CTN, que poseen la mayoría de las patentes del mundo.
La mayor parte de los países del Tercer Mundo han exonerado productos agrícolas, medicamentos y otros bienes y procesos esenciales de sus leyes nacionales sobre patentes, pero con la aprobación de los TRIPs, todo está sujeto al pago de derechos de propiedad intelectual, a menos que sea explícitamente exonerado. Se prevé que los precios de los medicamentos aumentarán notoriamente en varios países, y la venta de fármacos extranjeros se incrementará rápidamente a expensas de los productos locales.
Inversión extranjera
En el área de las TRIMs (medidas sobre inversión), el punto más importante es que las políticas nacionales relacionadas con la inversión extranjera también comenzaron a caer bajo el sistema del GATT/OMC. Originalmente, los países del Norte propusieron que se otorgara a las compañías extranjeras un derecho automático al establecimiento o a la "presencia comercial". Esto habría dado derechos a empresas obtenidas por los colonizadores mediante la guerra en la era colonial. Finalmente, prevalecieron las objeciones de algunas naciones en desarrollo.
Bajo el acuerdo sobre TRIMs, se eliminarán gradualmente algunas "medidas de inversión", por ejemplo las que obligan a las firmas extranjeras a utilizar un mínimo de insumos locales. Esto, por supuesto tiene graves implicaciones, en el sentido de que podría aumentar el control extranjero de las economías nacionales.
Una vez que las TRIMs se afiancen dentro del sistema de la OMC, el Norte intentará sin duda ampliar los derechos de sus CTN, por ejemplo insistiendo nuevamente sobre el "derecho al establecimiento". Y lo que no se logró en la Ronda Uruguay podría procurarse por medio de otros acuerdos regionales, por ejemplo el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Recientemente, algunos países industrializados encabezados por la Unión Europea, entre ellos Canadá y Australia, comenzaron a promover un "acuerdo de inversión multilateral".
Las normas de inversión extranjeras acordadas en diciembre en la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur exceden los objetivos legítimos de la institución, que supuestamente debe limitarse a las implicaciones comerciales de las nuevas medidas de inversión. Las nuevas medidas se extenderán también a las políticas nacionales y a las normas y funcionamiento de la inversión extranjera.
La OMC ya no sería una organización "comercial", sino también reguladora de las inversiones. Las CTN tendrían la mayor libertad para realizar negocios en todo el mundo sin sujetarse a regulaciones gubernamentales.
Por otra parte, los gobiernos ya no tendrían el derecho ni la facultad de elaborar sus propias políticas básicas o leyes reguladoras de la entrada y la actividad de las empresas extranjeras en sus economías.
Los pueblos y sus gobiernos tienen derecho a elegir el tipo de inversión que desean para su país, así como a determinar en qué sectores y bajo qué condiciones se produce esa inversión. El derecho a regular la inversión extranjera, a obtener mejores condiciones y más beneficios de ellas y a elaborar políticas que ayuden a las empresas locales más débiles es esencial par cualquier nación que desee tener un grado de control mínimo sobre su economía y su vida social.
Marthin Khor es director de la Red del Tercer Mundo.
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