No. 65 - Marzo 1997

El apartheid se traslada al África subsahariana

por Michel Chossudovsky

A medida que el apartheid se va eclipsando en Sudáfrica, vestigios del viejo régimen de segregación racial tratan de establecerse en los países vecinos. La agroindustria afrikaaner pretende crear un "Corredor de Alimentos", de haciendas y plantaciones de terratenientes blancos, atravesando la parte sur del continente. El plan, al que el autor llama la segunda "Gran Marcha" de los boers y cuenta con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, seguramente cambiará el paisaje rural del África subsahariana.

La agroindustria afrikaaner quiere extender sus garras a los países vecinos de Sudáfrica y para ello invierte en gran escala en el sector agropecuario, la industria de procesamiento de alimentos y el turismo ecológico. Bajo el patrocinio de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola, proyecta crear un "Corredor de Alimentos" que se extienda por la parte sur de Africa, desde Angola hasta Mozambique.

Pero el "Corredor" no implica "alimentos para la gente del lugar". Por el contrario, el programa, cuyo objetivo es establecer haciendas de propiedad de afrikaaners (blancos de origen holandés) fuera de las fronteras de Sudáfrica, hará perder sus tierras a los campesinos, que se convertirán en asalariados rurales o arrendatarios en un régimen similar al feudal.

Los sindicatos afrikaaners del Estado Libre de Orange y de Transvaal Oriental están asociados al plan.

Además, la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola actúa como una organización en torno a la cual se nuclean varias organizaciones de derecha, en especial el Frente de la Libertad y el grupo clandestino Hermandad Afrikaaner.

Si bien moderado en comparación con el ultraderechista Movimiento de Resistencia Afrikaaner, de Eugene Terre Blanche, el Frente de la Libertad es una fuerza política racista comprometida con el Volksstaat (Estado del pueblo) afrikaaner. Durante el apartheid, su líder, el general Constand Viljoen, ordenó personalmente los ataques contra el Congreso Nacional Africano, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica y de las revelaciones del ex espía Craig Williamson sobre los documentos reservados del Consejo de Seguridad del Estado, surge que también fue responsable de la organización clandestina Stratcom, que participó en asesinatos políticos, atentados, torturas y "campañas sucias".

Pese a todo esto, la iniciativa cuenta con el respaldo político del Congreso Nacional Africano, así como con la bendición personal del presidente Nelson Mandela, quien nombró como delegado ante la Junta de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola a Matthews Phosa, gobernador de la provincia de Mpumalanga (Transvaal Oriental) y destacado dirigente del partido gobernante.

Phosa, uno de los comerciantes negros más prósperos de Mpumalanga, es el autor de la idea de un "bloque económico regional" entre Transvaal Oriental, Mozambique y Suazilandia. Pero no sólo está impulsando decididamente la incitativa conjunta del Frente de la Libertad y la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola sino que también contribuyó a crear el espacio político necesario para la expansión de los intereses comerciales de los afrikaaners en los países vecinos. En 1995, Phosa informó a la legislatura provincial que está en comunicación con el general Viljoen, "para asegurar que sus iniciativas sean complementarias".

En conversaciones con Mandela, Viljoen argumentó que "el asentamiento de agricultores afrikaaners estimularía las economías de los países vecinos y proporcionaría alimentos y empleo a los habitantes del lugar, frenando así el flujo de inmigrantes ilegales a Sudáfrica". El líder del Frente de la Libertad también mantuvo reuniones de alto nivel con representantes de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y organismos multilaterales de crédito en las que discutió las inversiones agrícolas de los afrikaaners.

A su vez, Pretoria está negociando con varios gobiernos africanos en nombre de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola y del Frente de la Libertad.

El gobierno del Congreso Nacional Africano está ansioso por facilitar la expansión de las grandes agroindustrias en los países vecinos. Mandela pidió al gobierno de Tanzania que aceptara a los agricultores afrikaaners para ayudar al desarrollo del sector agrícola.

La Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola tuvo contactos con 12 países "interesados en agricultores sudafricanos blancos". En una empresa mixta establecida en 1994 en el marco de la Empresa Sudafricana para el Desarrollo, el gobierno del Congo concedió a los boers derechos de arrendamiento sobre tierras agrícolas por 99 años. Mandela aprobó el programa exhortando a los países africanos a "aceptar a los emigrantes como si se tratara de una forma de ayuda externa".

A principios de los años 90 ya había habido una migración de agricultores blancos a Zambia y el Congo. Pero a diferencia de la iniciativa actual, en esa ocasión se trató del reasentamiento individual de agricultores afrikaaners, a menudo en bancarrota, sin respaldo político o financiero ni legitimidad de la nueva Sudáfrica.

Los países africanos que les dieron albergue, en general recibieron con buenos ojos el ingreso de inversiones de los afrikaaners y las instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial de Comercio (OMC) exigieron a los países endeudados que "abrieran sus puertas al capital extranjero". En este contexto, la liberalización del comercio y la inversión bajo la supervisión de los donantes tiende a apoyar la expansión de los intereses comerciales afrikaaners en la región. Además, en el ámbito configurado por las trasnacionales y los acreedores internacionales, los políticos corruptos y los funcionarios de alto nivel suelen ser invitados a convertirse en "socios" de los inversores sudafricanos.

La expropiación de los campesinos

El "Corredor de Alimentos" desplazará al sistema agrícola preexistente. No sólo se apropiará de la tierra sino que invadirá la infraestructura económica y social del país, y contribuirá a aumentar los niveles de pobreza en el campo. Seguramente asestará un golpe de gracia a la agricultura de subsistencia así como a la economía de cultivos comerciales de los campesinos, desplazará los mercados agrícolas locales y agravará las condiciones de hambre endémica predominantes en la región.

En definitiva, el plan podría alterar el paisaje rural del sur de África, en la medida que provocaría el desarraigo y el desplazamiento de los pequeños agricultores sobre un vasto territorio. Según el esquema propuesto, millones de hectáreas de las mejores tierras serán entregadas a la agroindustria sudafricana. Los boers administrarán haciendas comerciales a gran escala utilizando a la población rural como mano de obra zafral o en condiciones prácticamente de servilismo.

Si bien la finalidad declarada del proyecto es la de contribuir al desarrollo y "transferir gran parte de la experiencia agrícola necesaria", la iniciativa en gran medida apunta a "exportar el apartheid" a los países vecinos. Jen Kelenga, vocero de un grupo demócrata de Zaire, alertó que los boers están "a la búsqueda de nuevos territorios donde aplicar su estilo de vida racista". Este objetivo último, a su vez, está apoyado por la serie de reformas económicas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Las inversiones afrikaaners en la agricultura van de la mano con la Ley de Tierras auspiciada por el Banco Mundial. En general los acreedores del Club de París suelen exigir la expropiación de los campesinos como condición para la reprogramación de las deudas. Las tierras campesinas, que anteriormente pertenecieron al Estado, se venden a precios muy bajos o se conceden en arrendamiento a la agroindustria internacional, en concesiones de 50 a 99 años. Los magros ingresos provenientes de esas ventas serán utilizados para el pago de los servicios de la deuda externa.

El Banco Mundial ha impulsado en el África Subsahariana una legislación que deroga el derecho a la tierra de millones de pequeños propietarios.

Las compañías y bancos sudafricanos también participan de los programas de privatización a nivel nacional, en el marco del programa de ajuste estructural, adquiriendo, a precios muy bajos, las acciones estatales en los sectores de minería, servicios públicos y agricultura. En este último sector, el Estado ha puesto a la venta los predios experimentales, las estaciones de investigación y los servicios de producción de semillas. Con la desregulación de los mercados agrícolas bajo el asesoramiento del Banco Mundial, el sistema de comercialización estatal fue liquidado o pasó a manos de inversores privados.

En la legislación de tierras propuesta, tanto la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola como el Banco Mundial aducen proteger los derechos tradicionales sobre la tierra. El pequeño campesinado sería "protegido" a través del establecimiento de "reservas de tierras consuetudinarias" en las proximidades de las haciendas comerciales de los blancos. En la práctica, la mayoría de la población rural quedará circunscrita a pequeños enclaves ("tierras comunales"), en tanto las mejores tierras serán vendidas o cedidas en arrendamiento a inversores privados.

Esto significa también que las comunidades campesinas que practican el cultivo migratorio sobre una gran extensión de tierra, así como las que realizan actividades de pastoreo, serán demandadas por incursionar en tierras destinadas a la agricultura comercial, en muchos casos sin siquiera saberlo. Empobrecidos por las reformas macroeconómicas, sin poder acceder a créditos y a insumos agrícolas, estos enclaves consuetudinarios constituirán "las reservas de mano de obra" de la gran agroindustria.

Los afrikaaners en Mozambique

La Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola proyecta invertir en Mozambique, Zaire, Zambia y Angola, identificando a Mozambique como "el caso modelo".

Mandela y el presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, firmaron un acuerdo intergubernamental en mayo de 1996, por el cual se otorgan derechos a la agroindustria afrikaaner para desarrollar inversiones en al menos seis provincias, abarcando concesiones territoriales de unos ocho millones de hectáreas.

Un funcionario del gobierno sudafricano declaró en julio pasado en Maputo: "Mozambique necesita experiencia técnica y dinero, y nosotros tenemos la gente. Queremos crear un área que no esté densamente poblada, porque el exceso de población puede convertirse en un talón de Aquiles en el tema de la tierra. Para los boers, la tierra está próxima a Dios y a la Biblia".

En Mozambique, el gobierno socialista del Frelimo asegurará que no haya intrusos en las áreas dadas en concesión por la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola. Los pequeños propietarios rurales y los agricultores de subsistencia, que no poseen títulos legales, serán expulsados o transferidos a tierras marginales. A su vez, militares y ministros que aspiran a convertirse en "socios comerciales" de la agroindustria internacional ya han recibido concesiones sobre millones de hectáreas ocupadas por campesinos, según Joseph Hanlon, experto en el tema.

El Banco Mundial propuso, en nombre de potenciales inversores extranjeros, un sistema de registro de tierras que incluye levantar el mapa de zonas territoriales a través de fotografías aéreas.

En la provincia de Niassa, las mejores tierras agrícolas serán concedidas a los afrikaaners durante 50 años. "Hay tantos lugares hermosos y fértiles para escoger" comentó Egbert Hiemstra, propietario de dos predios en Lydenburg y quiere un tercero en Mozambique. A unos 0,15 dólares anuales por hectárea, el régimen de arrendamiento de la tierra es en realidad un regalo encubierto.

Con el establecimiento en Mozambique de la empresa conjunta Mosagrius, la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola está ahora firmemente consolidada en el valle fértil del río Lugenda. Pero los boers también tienen sus ojos puestos en las zonas agrícolas a lo largo de los ríos Zambezi y Limpopo, así como sobre la línea ferroviaria que une a Lichinga, la capital de Niassa, con el puerto marítimo de Nagala, que está siendo modernizada con ayuda para el desarrollo proporcionada por Francia.

Quinientos agricultores afrikaaners

En 1996, en la etapa inicial del acuerdo, la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola recibió tierras de la provincia de Niassa para el asentamiento de 500 agricultores afrikaaners.

"Nuestra intención es dedicar la sabana alta a la plantación de maíz y de trigo y a la cría de ganado vacuno, vinculado al proceso agropecuario y el mercado exportador. En las regiones bajas plantaremos una variedad de árboles de frutas tropicales a la vez que instalaremos modernas fábricas de jugos. Nuestros institutos agrícolas establecerán estaciones de investigación en la zona, con miras a apoyar la iniciativa de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola... Por último, nos gustaría también ingresar en las zonas algodoneras de las provincias de Nampulo y Cabo Delgado", comentó un funcionario del proyecto Mosagrius.

La fuerza del proyecto, al que serán transferidos numerosos edificios, empresas y haciendas de Niassa, está dada por el éxito de los agricultores en Sudáfrica, que ahora pueden movilizar considerables recursos financieros y trabajarán sus nuevas tierras como parte de sus actividades comerciales en Sudáfrica, enviando administradores y supervisores afrikaaners a Mozambique.

A cambio, los boers aportarán sus hombres negros de confianza. Según el funcionario de Mosagrius, "cada agricultor afrikaaner traerá su kaffir (hombre negro) domesticado" que utilizará para supervisar a los trabajadores locales.

La Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola ha registrado cuidadosamente por helicóptero las áreas designadas y los institutos de investigación agrícola de Sudáfrica investigaron la zona, ofreciendo una evaluación de las condiciones ambientales, climáticas y sociales existentes. Pero los agrónomos no han limitado su análisis a muestras de suelos sino que también estudiaron los asentamientos humanos de la zona y demógrafos sudafricanos han sido llamados como consultores para evaluar las consecuencias del desplazamiento de la población rural.

La creación de "poblados rurales"

De acuerdo con el programa de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola, las comunidades rurales de Niassa que ocupan las zonas dadas en concesión a los afrikaaners serán reagrupadas en "poblados rurales" similares a los del apartheid: "Lo que se hace es crear aldeas a lo largo del camino cercano a las haciendas (de los blancos). Se les da a los poblados cierta infraestructura y una parcela de tierra a cada casa para que los trabajadores rurales hagan sus propias huertas".

De no tener derechos consuetudinarios sobre alguna parte de las tierras cedidas o en áreas contiguas, los campesinos se convertirán en trabajadores rurales sin tierra o en condición prácticamente de servidumbre.

En el último sistema aplicado por los boers en Sudáfrica a partir del siglo XIX, las familias de campesinos negros realizaban trabajos a cambio del derecho a una pequeña parcela. Aún cuando en 1960 el gobierno sudafricano ilegalizó este sistema, en la práctica sigue existiendo en muchas partes de Sudáfrica, incluso en Transvaal Oriental y Kwa-Zulu Natal. Desde entonces adquirió la forma de un salario nominal muy bajo, en gran medida para encubrir la relación feudal ilegalizada.

Los poblados rurales afincados en las concesiones constituirán "reservas" de mano de obra barata para las haciendas comerciales de los blancos. Los salarios son sustancialmente más bajos que en Sudáfrica. Para los trabajadores zafrales se ha fijado un salario mínimo de sólo 18 dólares al mes, aunque para el representante del FMI, Sergio Leite, resultó "excesivo" de acuerdo con las normas internacionales.

La derogación de los derechos de los trabajadores así como la desregulación del mercado laboral conforme a los dictados del FMI, permite a los boers no sólo pagar a los trabajadores de Mozambique salarios excesivamente bajos sino también eludir las demandas de los trabajadores rurales negros de Sudáfrica. También permite a la agroindustria invertir en países vecinos para presionar con mayor eficacia al gobierno del Congreso Nacional Africano en contra de la Reforma Agraria y de programas de "acción afirmativa" dentro de Sudáfrica.

Además, según el Acuerdo Mosagrius, el gobierno de Mozambique será totalmente responsable de resolver las disputas en materia de tierras y asegurar la expropiación de los campesinos "sin causar perjuicio o pérdidas" a la empresa.

Ayuda externa para exportar el apartheid

Los principales bancos comerciales de Sudáfrica, el Banco Mundial y la Unión Europea respaldaron firmemente el proyecto.

"El Corredor de Alimentos" se ha convertido en parte integral del programa de ajuste estructural auspiciado por el FMI y el Banco Mundial. "La Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola se ha embarcado en la tarea de alinear su política con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y afirma que está en condiciones de convertirse en un organismo internacional de desarrollo" con autoridad para contratar instituciones donantes y llevar a cabo en su nombre "programas de ayuda externa", dijo el secretario de entidad, Willie Jordaan.

Si bien Occidente apoyó la lucha del Congreso Nacional Africano contra el apartheid, ahora de cierta forma brinda apoyo financiero a la organización racista de los afrikaaners, contribuyendo de hecho a la expansión del régimen a los países vecinos.

La Unión Europea suministró recursos a la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola, sacándolos de los fondos destinados explícitamente por Bruselas al Programa de Reconstrucción y Desarrollo de Sudáfrica. El embajador de la Unión Europea para Sudáfrica, Erwan Four, quien se reunión con el general Viljoen para discutir el proyecto. confirmó que si todo va bien, habrá más dinero de Estados Unidos para cubrir los costos del "asentamiento de agricultores afrikaaners en los países vecinos a Sudáfrica".

La iniciativa está catalogada por la comunidad de donantes como un proyecto de desarrollo de "buena fe" que beneficiará a los campesinos del país receptor y a la vez contribuirá a la reconstrucción de Sudáfrica. El hecho de que derogue el derecho a la tierra de los pequeños propietarios y reproduzca el sistema casi feudal existente en Sudáfrica durante el apartheid, no es objeto de discusión.

Las prioridades de inversión nacional establecidas por los donantes de los países receptores, con el auspicio del Programa de Inversión Pública del Banco Mundial, están cada vez más enfocadas a satisfacer las necesidades de los intereses comerciales sudafricanos. En Mozambique, ciertas inversiones se emprenden con miras a rehabilitar los servicios portuarios, los caminos, los recursos hídricos, el transporte fluvial y por lago, o sea, en gran medida para beneficiar a los inversores sudafricanos.

Además, según el Acuerdo Mosagrius, los inversores afrikaaners "tendrán derecho a una primera negativa" en las ofertas de privatización de las zonas dadas en concesión y bajo su jurisdicción. A cambio, la legislación de inversiones del país, elaborada con el asesoramiento técnico del Banco Mundial, estipulará la remesa libre de las ganancias empresariales y la repatriación de capital a Sudáfrica.

El programa de la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola también absorberá una porción del magro presupuesto fiscal para salud y educación. En Mozambique, de acuerdo con los términos del Acuerdo, las autoridades deben también respaldar la prestación de servicios de salud al estilo occidental para los afrikaaners establecidos en el territorio.

El ecoturismo

La mayor parte de la costa de Mozambique sobre el Lago Niassa ha sido designada "para el turismo y otras actividades complementarias y subsidiarias ecológicamente sustentables" por el Acuerdo Mosagrius, que a su vez

entrega a la empresa las obras y los derechos de actividades sobre la Reserva de Caza de Niassa, en la frontera con Tanzania, que incluye unas 20.000 hectáreas destinadas al llamado "ecoturismo".

La Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola deberá alambrar toda el área y establecer instalaciones turísticas aptas para el mercado en la periferia del parque, donde también se prevé la caza de animales salvajes para personas acaudaladas en "zonas estrictamente controladas".

Un especialista sudafricano del Departamento de Conservación de la Naturaleza está asesorando a la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola en la planificación de la empresa, que está en vías de obtener el respaldo de poderosos inversores privados internacionales.

En un proyecto mucho más ambicioso, el magnate conservador James Ulysses Blanchard III obtuvo una concesión sobre un vasto territorio que incluye la Reserva Elefante de Maputo y la vecina península Machangula, para crear un Parque de Ensueños del Océano Indico, con un hotel flotante de 600 a 800 dólares la noche y un casino.

Durante la guerra civil de Mozambique, Blanchard prestó apoyo financiero a la Renamo, la organización rebelde entrenada por la Fuerza de Defensa Sudafricana en la época del apartheid. Ahora, el hombre que financió a un ejército rebelde para librar una guerra con un grado de destrucción y brutalidad increíbles es recompensado con el control sobre un enorme territorio de la provincia más rica del país.

Las comunidades locales del área concedida a Blanchard serán expropiadas. "Vendremos y les diremos: Muy bien, ahora están en un parque nacional. O alambramos su poblado o tendrán animales salvajes caminando por la calle principal", declaró su gerente general, John Perrot.

Trozando el territorio nacional

En Mozambique se está creando "un Estado dentro de un Estado" En la provincia de Niassa. Mosagrius es la única autoridad en cuanto a los derechos de utilización de la tierra en los territorios a dar en concesión, pasando por encima del gobierno nacional y del provincial.

De igual forma, el territorio está definido como una zona franca que permite la libre circulación de bienes, capitales y personas, entendiéndose por éstas a los sudafricanos blancos. Además, todas las inversiones en las zonas de concesión "estarán exentas de derechos aduaneros u otras imposiciones fiscales", según el Acuerdo.

Con las concesiones a inversores extranjeros en diversas partes del país, el territorio nacional ha sido trozado una vez más en una serie de "corredores" separados que recuerdan el período colonial. Este sistema de concesiones territoriales -en el que cada corredor se integra separadamente al mercado mundial- tiende a favorecer la extinción de la economía nacional.

A su vez, los donantes exigieron, en nombre de la "gobernabilidad", la reducción del Estado central y la descentralización del proceso decisorio al nivel provincial y de distrito. Pero en lugar de proveer más poderes y recursos a las comunidades regionales y locales, los ingresos estatales serán canalizados al pago de la deuda externa de Mozambique.

El debilitamiento del aparato del estado de Mozambique así como la fragmentación de la economía nacional favorece la transformación de regiones enteras del país, como la provincia de Niassa, en áreas de concesión o "corredores" bajo la custodia política de donantes, organizaciones no gubernamentales e inversores extranjeros que constituyen un "gobierno paralelo" de facto.

Además, en varias regiones del norte de Mozambique, la Renamo está formalmente a cargo del gobierno local. En las postrimerías de la guerra, varios líderes rebeldes se convirtieron en "socios comerciales" de las compañías sudafricanas que invierten en Mozambique, incluidas las inversiones respaldadas por la Cámara Sudafricana para el Desarrollo Agrícola. "Parecería que existe un acuerdo secreto como parte del Acuerdo de Paz (de 1992) de que la Renamo y sus seguidores obtendrán tierras", comentó Hanlon.

El Congreso Nacional Africano ha defendido la concesión de tierras a los boers en los países vecinos, como forma de aliviar las presiones dentro de Sudáfrica. Se arguye que la política consiste en facilitar el plan de redistribución de tierras del Congreso Nacional Africano en favor de los agricultores negros, dirigidos por el polémico ministro de Asuntos Territoriales, Derek Hanekom. Pero pese a sus méritos, el Programa de Reforma Agraria tiene pocas probabilidades de éxito. Su puesta en práctica se ha visto obstaculizada desde el principio por las reformas macroeconómicas impulsadas por el gobierno posapartheid, en el marco de una política neoliberal.

El plan económico del Congreso Nacional Africano

La "medicina económica" propuesta por el gobierno del Congreso Nacional Africano, resumida en un documento del Ministerio de Hacienda de 1996, titulado "Crecimiento, empleo y redistribución: un marco macroeconómico", contempla, además de las terapias de rigor (reducción del déficit fiscal, devaluación, privatización de las acciones del Estado), "listas de salarios mínimos para jóvenes aprendices, reduciendo los costos salariales indirectos; incremento de los incentivos para una mayor distribución de los puestos de trabajo y mayor flexibilidad laboral; y un acuerdo social para facilitar la moderación de precios y salarios".

El documento, en cuya elaboración participaron dos economistas del Banco Mundial y fue adoptado por el gobierno del Congreso Nacional Africano, insiste en "una flexibilidad reglamentada para manejar el mercado laboral" que se traduce en "la creación de empleo", desconociendo los acuerdos salariales y las negociaciones colectivas.

A pesar del compromiso del Congreso Nacional Africano de construir la nueva Sudáfrica sobre la base de la igualdad racial y social, el Marco Macroeconómico sirve en gran medida para reforzar las estructuras del apartheid. En las zonas rurales, la eliminación de los subsidios agrícolas, la desregulación del crédito y la liberalización del comercio no sólo contribuyeron a agravar el empobrecimiento de los pequeños propietarios y arrendatarios rurales negros, sino que también llevaron a la quiebra a muchos afrikaaners.

Por tanto, el programa de ajuste estructural de Pretoria favorece una concentración de tierras agrícolas mayor aún que durante el apartheid, así como a la consolidación de la agricultura empresarial tanto dentro como fuera de fronteras.

La segunda "Gran Marcha" de los boers

"La segunda gran marcha" de los boers a los países vecinos no contribuye a facilitar la reforma agraria dentro de Sudáfrica. De hecho, produce un resultado exactamente opuesto: mantiene a los agricultores negros en las tierras marginales bajo el viejo régimen de segregación y refuerza el control empresarial sobre las mejores tierras agrícolas, a la vez que ofrece una vía política a la agroindustria afrikaaner para "exportar el apartheid" a todo el sur de África.

Además, la transferencia de poder político en 1994, en lugar de restringir el sistema económico dominado por los blancos, de hecho creó las condiciones para su desarrollo tanto dentro de Sudáfrica como en la región. En la nueva Sudáfrica, la "exportación del apartheid" toma el nombre de "ayuda externa".

Las motivaciones políticas del Congreso Nacional Africano en este sentido son ambiguas. La posición predominante, reflejada en las declaraciones de Mandela, es que al sacar a los boers del plano nacional, el gobierno posapartheid ganará tiempo y espacio para llevar a cabo grandes transformaciones sociales dentro del país.

Pero esta posición es equivocada. La aplicación de una "poderosa medicina económica" (devaluación, despidos, desregulación del mercado, medidas de austeridad) conforme al programa neoliberal, va de la mano con el fortalecimiento en los hechos del apartheid como sistema económico. En otras palabras, la situación de la mayoría negra se ha empeorado como consecuencia de las reformas económicas posapartheid.

Los intereses económicos y financieros dominantes en Sudáfrica, aliados al capital internacional, están detrás de esas reformas económicas que por otra parte, no podrían haber sido aplicadas durante la época del apartheid con la misma coherencia, legitimidad política y apoyo internacional.

Si bien el apartheid oficialmente ha desaparecido, sus estructuras económicas siguen vivas, fusionadas y mezcladas ahora en el programa de ajuste estructural. La comunidad internacional ha respaldado este proceso. El FMI y el Banco Mundial, que apoyaron al gobierno de Frederick de Klerck, participan ahora directamente en la reforma macroeconómica asesorando al gobierno del Congreso Nacional Africano.

"Democratización" y "liberalización económica" parecen ir de la mano. A pesar del compromiso de transformación social del Congreso Nacional Africano, las reformas del gobierno sirven a los intereses económicos de quienes más activamente apoyaron el apartheid, así como al personal político afrikaaner, que participó directamente en la "guerra sucia" durante el régimen de segregación racial.

Michel Chossudovsky es profesor de Economía en la Universidad de Ottawa y autor de The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms (La globalización de la pobreza: impactos de las reformas del FMI y el Banco Mundial). Third World Network, Penang, y Zed Press, Londres, 1996.