No. 67 - Mayo 1997

LA CRISIS DE LOS REHENES

El uso de la fuerza sigue siendo posible

El éxito político obtenido por el presidente de Perú, Alberto Fujimori, con la cruenta liberación de los rehenes en poder del MRTA comienza a empañarse con los insistentes reclamos para que se investiguen las circunstancias en que murieron los 14 guerrilleros. A Amnistía Internacinal y la Asociación Americana de Juristas se sumó desde Japón la Comisión 22 de Abril, que acusó al mandatario de tener doble estándar en materia de terrorismo.

La opinión pública mundial aún no se había terminado de recobrar del impacto causado por la acción militar contra la residencia del embajador de Japón en Lima, cuando Antonio Navarro Wolf, líder del M-19 colombiano y responsable de la planificación de dos tomas masivas de rehenes, escribía en una columna en el diario Clarín de Buenos Aires que "el MRTA quiso obtener más de lo que podía". Y el politólogo mexicano Jorge Castañeda señaló en esta misma línea "la enorme desproporción entre los fines y los medios" puesta de manifiesto por los guerrilleros peruanos.
Si la liberación de los presos no era una demanda que pudiera atender un gobierno con voluntad de continuidad -y la irreductible vocación continuista de Alberto Fujimori dejaba muy pocas dudas al respecto-, entre el 17 de diciembre y el 22 de abril no faltaron ocasiones para encontrar una salida que evitara la masacre.

Pero más allá de los errores de cálculo político en que incurrió el MRTA, el propio Navarro Wolf puso sobre la mesa la peor herencia que deja a la región el episodio de Lima: la inobjetable victoria del presidente peruano tiene "una consecuencia muy negativa para América Latina, pues demuestra que el uso de la fuerza como solución a los conflictos es posible".

La situación creada tras la solución de la crisis va mucho más allá de la espectacular, y muy probablemente endeble, recuperación de la imagen pública de Fujimori, que saltó del 38 por ciento en la víspera de la acción militar contra la sede diplomática japonesa al 67 por ciento el día siguiente. Se trata del presunto aval recibido por un estilo de gobierno autoritario, personalista, que acosa a la oposición y a la prensa independiente, y no repara en el precio a pagar para conseguir sus objetivos. Lo demostró con el golpe de Estado de 1992 y lo volvió a demostrar el 22 de abril, cuando ordenó una acción militar que costó la vida a 17 personas. El respeto de los derechos humanos nunca ha caracterizado a su gestión.

Aunque para el presidente y sus colaboradores las muertes a contabilizar, y lamentar, son sólo tres, tanto en Perú como a nivel internacional se reclama con fuerza una investigación que permita establecer la forma en que murieron los 14 miembros del MRTA.

"Las circunstancias, poca duda cabe, hicieron virtualmente inevitables esas muertes", señaló en su editorial la revista limeña Caretas. "Pero otra cosa es celebrar con deleite el exterminio de los derrotados y, aún peor, dejar arrumados sus cadáveres, uno sobre otro, para que el presidente del Perú los inspeccione acompañado de la televisión".

Desde el exterior, tras el coro de aplausos al que se sumaron en forma prácticamente unánime los gobiernos de la región comenzaron a escucharse algunas voces de alerta.

"El presidente Fujimori ha demostrado que tiene tendencias facistoides, y esos puños en alto, esos gritos de sus fuerzas especiales, no presagian nada bueno para la democracia en América Latina", advirtió el escritor chileno Jorge Edwards. En otro plano, Amnistía Internacional, que desde que comenzó la crisis condenó la operación guerrillera e hizo campaña para que los rehenes fueran liberados a salvo, envió un delegado a Lima para que investigue lo sucedido y solicitó que se lleven a cabo investigaciones imparciales y completas sobre las muertes. Una demanda similar hizo la Asociación Americana de Juristas, que reclamó "una investigación exhaustiva e imparcial" de las circunstancias en que murieron el magistrado Carlos Ernesto Giusti, quien se opuso públicamente a las reformas que Fujimori pretende introducir en el sistema judicial de su país, y los miembros del MRTA.

También desde Japón, un país particularmente significativo para el mandatario peruano, comienzan a llegar críticas. Algunos de los rehenes liberados, que guardaron prudente silencio en Lima, comienzan a revelar detalles allí sobre las circunstancias en que cayeron los guerrilleros en la sede diplomática y se constituyó la Comisión 22 de abril, que acusó de tener un "doble estándar" sobre el terrorismo. "El mismo Fujimori, que ha acusado al MRTA de 'terrorista', ha implantado una política de 'terrorismo de Estado' en la cual miles de supuestos integrantes de las organizaciones guerrilleras, además de ciudadanos que nunca cometieron delito, fueron asesinados, desaparecidos o condenados a muerte por jueces encapuchados", afirma la Comisión en una carta fechada el 27 de abril en Tokio dirigida al mandatario peruano.

El camino de la segunda reelección a la que aspira Fujimori se encuentra lleno de obstáculos. En los días previos al asalto de la residencia del embajador del Japón, el presidente peruano se veía acorralado por generalizadas denuncias de violaciones de los derechos humanos y corrupción contra sus dos soportes fundamentales: el general Nicolás Hermoza, comandante en jefe del ejército, y el abogado Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. En Lima se especulaba incluso con que el mandatario había perdido el control de la situación. "Estamos entrando en lo que parece un trompo de inestabilidad que podría desembocar en un golpe de Estado", comentó en esos días un analista militar.

A las dificultades políticas y militares se suman las sociales. La política económica que logró abatir la hiperinflación, a la que Fujimori debe buena parte de su popularidad, se ha revelado incapaz de solucionar el alto desempleo y la pobreza en la que vive más del 70 por ciento de la población de Perú.

El ex guerrillero Héctor Bejar estima que el MRTA sufrió un golpe definitivo el 22 de abril, pero no puede descartarse el surgimiento de nuevos grupos violentos. "Ese peligro estará latente", advirtió Bejar, "mientras el régimen mantenga una actitud antidemocrática y autoritaria, que impide establecer mecanismos de diálogo, y no mejore las condiciones sociales que padecen la mayoría de los peruanos".