No. 135/136 - Enero/Febrero 2003

Cinco de las ocho objetivos incluido en la "Declaración del Milenio" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 2000, conocidos como los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (MDGs), refieren casi directamente a la prestación de servicios básicos, en las áreas de la salud, la educación y el abastecimiento de agua. El Objetivo 1, sobre la pobreza, también está, en gran medida, relacionado con el acceso a los servicios.

Cinco de las ocho objetivos incluido en la "Declaración del Milenio" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre de 2000, conocidos como los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (MDGs), refieren casi directamente a la prestación de servicios básicos, en las áreas de la salud, la educación y el abastecimiento de agua. El Objetivo 1, sobre la pobreza, también está, en gran medida, relacionado con el acceso a los servicios.

Todos opinan que los servicios básicos deben mejorar y ser accesibles para todos, pero la discusión de cómo lograrlo es cada vez más polémica. El comienzo de las negociaciones sobre el acceso de las empresas extranjeras a la prestación de servicios está previsto para 2003 según el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), un tratado de la Organización Mundial de Comercio, y el Banco Mundial está preparando un informe sobre "servicios para los pobres" que condena el modelo vigente de prestación gubernamental de servicios y aboga por las concesiones privadas y la subcontratación.

Social Watch, una red de organizaciones de la sociedad civil creada en 1996 para la vigilancia de los compromisos de desarrollo internacional sobre la erradicación de la pobreza y la equidad de género, consideró que debía contribuir con el debate internacional concentrando el informe de este año en los servicios que son esenciales para los sectores más vulnerables de la población. El informe, titulado "Los pobres y el mercado", será presentado en enero en Porto Alegre, durante el Foro Social Mundial.

Las instituciones internacionales, los gobiernos que las controlan y las corporaciones que presionan a ambos abogan por la privatización, pese a que los peligros que ésta entraña pueden dañar seria y permanentemente los medios de vida de la población más pobre del mundo. La postura de "privatizar primero y preguntar después" y la confianza ingenua en los procesos y resultados de las reformas del mercado han causado sufrimientos precisamente a aquellos grupos que esas organizaciones tienen el cometido de proteger.

La tinta aún no se secó sobre el documento donde más de cien jefes de Estado reconocieron que "además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial". No permitir que esa responsabilidad quede en el olvido es una de las maneras de ayudarlos a cumplir su compromiso de "hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad".