No. 71 - Setiembre 1997

El correo electrónico como arma

En julio, tras el asesinato por ETA del concejal Miguel Angel Blanco, el Instituto para la Globalización de las Comunicaciones (IGC) padeció un mail-bombing para bloquear el servidor e impedir el acceso de los "internautas" al sitio en el web de la organización separatista vasca. El desarrollo de Internet replantea el debate sobre los límites de la libertad de expresión y los métodos de protesta legítima en el ciberespacio.

Quien busque ahora información sobre la organización separatista vasca ETA en Internet, buscará en vano en la página del País Vasco (www.euskadi.net). Sí le será posible acceder a la reseña que le corresponde en Perfiles de Grupos Terroristas, en el sitio de posgrados de la Escuela Naval de Estados Unidos (www.nps.navy.mil). También dará con un párrafo en el informe sobre violaciones de derechos humanos en 1996 de Amnistía Internacional (www.amnesty.org), y encontrará que comparte con el Frente de Liberación Nacional de Córcega varias denuncias de atentados y acoso a periodistas firmada por Periodistas sin Fronteras (www.calvacom.com/rsf).
Cualquier máquina de búsqueda le mostrará como resultado que la gran mayoría de los artículos que mencionan a ETA residen en el sitio del Instituto para la Globalización de las Comunicaciones (IGC/Institute for Global Communications, (www.igc.org).

Sin embargo, el contenido de las páginas indicadas por la búsqueda ya no es accesible. En la red ya no existe el sitio perteneciente al Euskal Herria Journal (EHJ/Diario Euskal Herria). En su lugar se encuentra una declaración publicada por IGC. En ella, ese nodo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC/Association for Progressive Communication, www.apc.org) basado en San Francisco, Estados Unidos, explica por qué fue retirado el sitio del periódico vasco de su servidor.

A mediados de julio pasado, IGC padeció lo que en la jerga se conoce como mail-bombing (bombardeo de correo): se recibieron cientos de mensajes electrónicos ilegítimos -sin remitente, multiplicados cientos de veces o de gran tamaño o conteniendo una sola frase repetida miles de veces-, con la intención de bloquear el servidor e impedir el acceso a las páginas del Diario Euskal Herria. (Ver Revista del Sur N° 70, agosto de 1997).

Acusado de expresar apoyo a la organización armada independentista, el sitio terminó siendo retirado del servidor bajo protesta: el ciberataque comprometió durante dos días las comunicaciones electrónicas de los 13.000 usuarios del nodo IGC.

Téngase en cuenta la gravedad de la situación: es como si se cortaran los cables de toda una red telefónica para impedir que algunos hablen de determinadas cosas.

La publicación condenada, con sede en Nueva York, se daba como misión publicar información sobre los movimientos de independencia de los vascos de España y Francia, en particular aquella que no circula habitualmente a través de los medios de comunicación de masas tradicionales. Contenía abundante información de y sobre ETA, y su expresión política lega, Herri Batasuna, y sobre la lengua vasca, derechos humanos, política, otros grupos vascos, al igual que un conjunto de vínculos a sitios opositores a ETA.

En su comunicado, IGC reconoce haber recibido también cientos de mensajes "legítimos", protestando por la inclusión de páginas de apoyo a ETA en un sitio dedicado a esfuerzos por la paz, la justicia social, los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. IGC prometió que analizaría en detalle si correspondía o no mantener esas páginas en su sitio dedicado a las causas "progresistas". Mientras se espera una decisión, los usuarios de IGC debaten el tema en una "conferencia": unos condenan el terrorismo de ETA, otros critican a IGC por haber cedido a las presiones y limitar, aunque fuera "bajo protesta", la libertad de expresión.

Por su parte la CNN recibió una petición oficial del gobierno español para que retirara de sus páginas en Internet una referencia a la expresión cuestionada del EHJ. Respuesta de la cadena noticiosa: "creemos que más información siempre es mejor. Si el gobierno español tiene un "sitio" de información contra ETA también lo incluiremos en nuestras referencias con mucho gusto". No fue necesario ya que la presión de cientos de computadoras "bombardeando" a IGC logró el objetivo.

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, a la que IGC pertenece -junto a Chasque, en Uruguay, y una veintena de "nodos" en todo el mundo- condenó el asesinato de Blanco al mismo tiempo que el "bombardeo": "si una expresión (aun una con la que no concordemos) puede hoy ser censurada a la fuerza, cualquier otra puede ser la víctima mañana".

Particularmente preocupante ha sido que prestigiosos medios de prensa como los diarios El País y El Mundo de Madrid hayan alentado públicamente el mail-bombing, informando sobre qué direcciones bombardear. Organismos españoles de defensa de derechos humanos, que escribieron a IGC solicitando la exclusión de la página de ETA del directorio de organizaciones progresistas reclamaron a El País (sin mayor éxito) que se deslindara públicamente de estas exhortaciones a la violencia electrónica. Pero aun cuando haya habido "bombardeo" y "rehenes" (los 13.000 usuarios de IGC, amenazados de bloqueo en sus comunicaciones), nunca fue afectada la integridad física de nadie y el episodio podría terminar diluyéndose, como tantas otras discusiones apasionadas en la red, sin que se llegue a ninguna conclusión.

La política de los partidos democráticos españoles de aislar a ETA y a Herri Batasuna se desarrolla en España en un marco legal que hace que al mismo tiempo la policía proteja las manifestaciones callejeras o las librerías que apoyan a estas organizaciones. ¿No deberían proteger también una expresión en Internet si ésta se emitiera desde España? El "bombardeo" a IGC, ¿es una medida de fuerza ante la cual el afectado, si está imposibilitado de defenderse, debería pedir protección? ¿Quién debería proteger a IGC? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿Puede considerarse al "bombardeo" un acto de agresión internacional? ¿O es apenas el equivalente a una manifestación callejera, que interrumpe el tránsito y también crea molestias a transeúntes inocentes?

En la "nueva frontera" de las redes electrónicas, no sólo no han llegado aún los sheriffs que impongan ley y orden sino que ni siquiera está claro cuáles son éstos.