No. 72 - Octubre 1997

EL MERCADO AMBIENTAL

Un negocio próspero para las trasnacionales

por Santiago Vilanova

La protección del ambiente se ha convertido en un negocio de los más prósperos, paradójicamente controlado por las mismas trasnacionales responsables de la crisis ecológica. Las organizaciones ecologistas se disponen a participar en este sector emergente, pero levantando la bandera de la ética empresarial y de una concepción sostenible y solidaria de inversiones y de la exportación tecnológica.

El Instituto de Economía Ecológica de la Universidad de Maryland ha publicado un informe interdisciplinario efectuado por científicos y economistas de Europa y Estados Unidos que puede revolucionar la economía mundial. La síntesis del trabajo concluye que si la humanidad tuviera que pagar los servicios que proporciona la naturaleza, la factura sería de entre 16 y 54 billones de dólares, aproximadamente el doble del producto bruto mundial. El valor de este "capital natural" se ha calculado en función de 17 servicios ofrecidos por 16 tipos de ecosistemas (ríos, bosques, desiertos, praderas, hábitats litorales). Por ejemplo, las medicinas que proporcionan las plantas alcanzan 84.000 millones de dólares y el turismo ecológico ofrece un negocio de 500.000 millones.

Aunque algunos sectores ecologistas radicales rechazan la idea de atribuir un valor monetario a los servicios que nos ofrece la naturaleza, que consideran absurdo y arriesgado, lo cierto es que trabajos como el del Instituto de Maryland permiten hacer reflexionar al sistema financiero mundial y al comercio internacional sobre la incoherencia de mantener los actuales parámetros para medir las contabilidades de los países y las curvas del crecimiento económico. Otras instituciones opinan de modo parecido. Se trata del Club de Roma; del Instituto para la Investigación Económica de Berlín; del Instituto Wuppertal del Clima, el Medio Ambiente y la Energía; del Worldwatch Institute y del Instituto de Recursos Mundiales de Washington, e incluso de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En los respectivos informes anuales de estas instituciones se insiste en la conveniencia de valorar los costes de la degradación ambiental del planeta y de dar un valor económico a los usos biológicos que nos ofrece la naturaleza de forma gratuita. En una sociedad dominada por la globalización y el monetarismo, ésta parece ser la única forma de financiar la reforma mundial a favor del desarrollo sostenible asumida durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

El fiasco de Río

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunida en Nueva York cinco años después de la Conferencia de Río concluyó con un notorio fracaso y sin una declaración política. El estado del medio ambiente mundial ha seguido deteriorándose y la tendencia es que empeorará. Las desigualdades entre el Norte y el Sur, a nivel tecnológico y de recursos humanos, siguen incrementándose. Los recursos financieros de los países en desarrollo continúan siendo succionados a través del pago del servicio de la deuda y el deterioro de las relaciones de intercambio comercial. El flujo anual de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares del Sur al Norte ha creado un enorme vacío financiero que no puede ser compensado por un volumen de ayuda cada vez más menguado. La prometida transferencia tecnológica no se ha producido y el nuevo acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha levantado nuevas barreras que impiden al Sur acceder a una tecnología ambientalmente adecuada y autónoma.

No sólo no se han cumplido los acuerdos de Río de que los países industrializados destinaran al menos un 0,7 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) a esta transferencia tecnológica, sino que se ha acelerado la "biopiratería" de las multinacionales. Estas prácticas les permite apropiarse de los recursos genéticos y del conocimiento de las comunidades locales transformándolos en patentes y productos patentados que les reportan cuantiosas ganancias, como explica Vandana Shiva, directora de la Fundación de Investigación de la Ciencia, la Tecnología y la Política de Recursos de Nueva Delhi, en su último libro (Ethique et agroindustrie. Main basse sur la vie. París, L'Harmattan, 1996). Paradójicamente, la mayoría de estas corporaciones figuran en la lista de los que más invierten en preservación del medio ambiente.

A pesar de los esfuerzos que hizo Greenpeace en la Cumbre de Río para denunciar a estas trasnacionales, presentando un informe crítico contra Du Pont, Shell, Mitsubishi, Solvay, Rhone-Poulenc, Sandoz, General Motors, Aracruz y Westinghouse, de la misma forma que lo hizo la Red del Tercer Mundo respecto a los impactos sociales y ambientales de las inversiones extranjeras en los países en desarrollo, nada parece hacer cambiar la moral de los consejos de administración de estas corporaciones. Se confirma así que el principal error de la Cumbre de la Tierra fue no aprobar un código ético para las empresas transnacionales. Es más, tras la Cumbre, se acentuó la tendencia a desregular las trasnacionales y a otorgarles mayores derechos y libertades, sin aumentarles a cambio sus obligaciones medioambientales, tal como se reflejó en las conclusiones de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. Esta tendencia puede agudizarse aún más si tienen éxito las iniciativas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la OMC sobre acuerdos multilaterales de inversión, competencia y compras del Estado.

El fiasco de Río afecta también a las instituciones internacionales creadas para impulsar la Agenda 21, destinada a financiar los convenios firmados. Ni el Consejo de la Tierra ni la Comisión para el Desarrollo Sostenible han logrado avanzar en sus planteamientos iniciales de crear un "Gobierno Ecológico Mundial" para coordinar la estrategia de la sostenibilidad. Maurice Strong, que fue el secretario general de la Cumbre de la Tierra, manifestó en la apertura de la Asamblea General extraordinaria de la ONU en Nueva York: "No hemos estado a la altura de los compromisos y desafíos que acordamos en Río". Más drástico fue Elfatih Mohamed Ahmed Ewra, delegado de Sudán: "Las decisiones de Río siguen siendo eslóganes vacíos".

El desorden de las instituciones surgidas en la Cumbre de la Tierra quedó patente en estas palabras de Francesco di Castri, presidente del Comité de la UNESCO para el seguimiento de los Acuerdos de Río: "Las dos instituciones de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se halla en Nairobi, y la Comisión para el Desarrollo Sostenible, que se encuentra en Nueva York, no tienen ni recursos, ni poder, ni contactos reales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el Banco Mundial o con la OMC. La interacción es indispensable y no se ha producido". (Agenda 21, ¿mito o realidad? Forum Ambiental Ecomed-Pollutec, Barcelona, 26 de febrero de 1997).

La decepción cunde entre los grandes líderes que impulsaron aquella Conferencia, como el Príncipe Sadruddin Aga Khan, presidente de Alp Action, quien en una reunión de Acción Ecológica Europea (Ecoropa) en Ginebra comentó: "Estoy decepcionado. El Consejo de la Tierra, que debía convertirse en una especie de tribunal de los Derechos de la Naturaleza, ha caído en la ineficacia total. Creo que las presiones de grandes grupos contaminadores del planeta están ganándonos la partida".

Susan George, directora asociada del Transnacional Institute de Amsterdam, experta en analizar estrategias de las trasnacionales, considera que la responsabilidad del fracaso de Río se debe fundamentalmente a los organismos políticos internacionales, como el FMI, la OMC, y a las empresas trasnacionales que siguen optando por un modelo ultraliberal y expoliador de los recursos.

Como explica Herman Daly, ex funcionario del departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, el "capital natural" no es considerado por los jerarcas del banco. Los grandes embalses, las urbanizaciones salvajes, la contaminación de los ríos y lagos ha provocado ya el éxodo ecológico de 25 millones de personas en el planeta. Los conflictos por el acceso y control de los recursos vitales, como el agua, y la degradación ambiental serán la causa principal de las emigraciones de los países del Sur durante el siglo XXI. El "refugiado ecológico" pronto tendrá estatuto jurídico internacional.

En esta misma línea de denuncia se expresaron Vandana Shiva y Wangari Maathai, directora del Grean Belt Movement de Kenya, en el IV Simposium Internacional "Una Sola Terra", dedicado a analizar las relaciones entre mujer y medio ambiente que se celebró en Barcelona en diciembre. Para ambas, una reforma radical no puede hacerse con el Banco Mundial y el FMI, responsables de esta situación. Serán necesarios otro tipo de organismos internacionales para frenar el deterioro global del medio ambiente y ayudar financiera y tecnológicamente a los países del Sur. Shiva y Maathai consideran que la revolución medioambiental no puede hacerse sin la participación e integración activa de las mujeres que realizan las dos terceras partes del trabajo en el mundo y, sin embargo, no tienen acceso al control de los recursos naturales.

La Cumbre de Río tampoco ha avanzado en este sentido, tal como se hizo patente en las conclusiones de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing. Cuando las transnacionales aprueban planes de expansión industrial en los países en vías de desarrollo, no valoran el hecho de que el 80 por ciento de la producción de alimentos en Africa o el 50 por ciento en América Latina y Asia se halla en manos de las mujeres, capaces por sí mismas de forzar el cambio hacia la sostenibilidad.

Christopher Flavin, del Worldwatch Institute, insiste en el informe anual de 1997 que la mayoría de gobiernos y trasnacionales continúan persiguiendo el crecimiento económico como un fin en sí mismo, dejando de lado la sostenibilidad. "El mundo sigue sin superar el desafío de integrar las estrategias ambientales en la política económica. La principal iniciativa económica dedicada a la planificación de Río fue el Global Environment Facility (GEF), un fondo especial gestionado por el Banco Mundial, el PNUMA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El GEF fue dotado de 315 millones de dólares en 1996, cuando en 1992 tuvo un presupuesto de 322 millones de dólares". En lugar de ir a más hemos ido a menos (6).

Al hablar del fracaso de Río hay que referirse también a la actitud de Estados Unidos, que a pesar de las propuestas del vicepresidente Al Gore se resiste a disminuir sus emisiones contaminantes. Los norteamericanos, con el cuatro por ciento de la población mundial, generan el 23 por ciento de los gases que provocan el efecto invernadero. Los Big Three de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) no aceptan las medidas en defensa del aire puro de la administración Clinton y presionan para que en el año 2005 no se reduzcan las emisiones de anhídrido carbónico el 20 por ciento respecto de 1990, como se había previsto en Río.

La Unión Europea, obligada a contraer los presupuestos para alcanzar la moneda única, ha disminuido sus presupuestos ambientales y los países centroeuropeos y nórdicos aplazan la aplicación de la fiscalidad ecológica. Mientras los compromisos del 0,7 por ciento del PNB no llegan al 0,5 por ciento (incluso por debajo del 0,3 por ciento como en el caso de España) los países industrializados siguen subvencionando en 120.000 millones de dólares al año los precios de electricidad producida mediante recursos no renovables, entre ellas la electronuclear.

Ante esta actitud del Norte, los países del Sur no tienen incentivos para adoptar políticas ambientales sostenibles. Y así hemos llegado al actual callejón sin salida.

Conspiración empresarial

Desde la Cumbre de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 se ha insistido en la necesidad de integrar la protección del medio ambiente en la economía mundial. Sin embargo, los "lobbies" contaminantes han utilizado su fuerte presencia en los medios de comunicación para frenar esta dinámica y retrasar la reforma, aunque sea a costa de acelerar el cambio climático.

Las primeras advertencias dadas en el informe "Los límites del crecimiento", elaborado por Denis Meadows, fueron calificadas de desestabilizadoras por el establishment económico mundial. En 1987 el Informe Brundtland "Nuestro futuro común" insistió en el riesgo de seguir explotando los recursos a un ritmo que la propia capacidad de regeneración de la naturaleza no podía asumir. Las grandes catástrofes químicas (Seveso, Bhopal, Sandoz), petrolíferas (Amoco-Cadiz, Exxon Valdez), nucleares (Three Mile Island, Chernobil) y los alarmantes balances científicos de la situación del planeta (cada año desaparecen 50.000 especies vegetales y animales, y bosques equivalentes a la extensión de Austria o Suiza), han acabado provocando la reacción de los sectores económicos y empresariales.

En abril de 1991, una año antes de Río, la Cámara Internacional de Comercio de París aprobó la Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenible, que representa el primer código medioambiental para el sector. Pocos meses después, el empresario suizo Stephan Schmidheiny (Asea Brown Bovery) creó el Consejo de Empresarios para el Desarrollo Sostenible (BCSD) con el apoyo del canadiense Maurice Strong, que ya poseía gran experiencia en el sector multinacional.

A pesar de los esfuerzos de Schmidheiny de incorporar en el BCSD una elite procedente de los consejos de administración de las grandes corporaciones (Chevron, Norsk Hydro, Nissan, Mitsubishi, Lyonnaise, Volkswagen, Alcoa, Du Pont, Browning Ferris) no lograría crear la plataforma empresarial que asumiera las reformas propuestas en Río. Algunos de los miembros del Consejo fueron posteriormente acusados de relacionarse con la Mafia.

Durante 1993, el BCSD recibió un duro golpe con el suicidio en la cárcel milanesa de San Vittorio de uno de sus principales impulsores, Gabrielle Cagliari, ex presidente del Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI). Los jueces que iniciaron la investigación "Manos limpias" contra el pago de comisiones ilegales a los partidos políticos acusaron a Cagliari de utilizar fondos negros del ENI que eran colocados en cuentas secretas en Suiza. Cagliari, amigo del socialista Bettino Craxi, era uno de los hombres de confianza de Schmidheiny en el BCSD, junto a Gaetano Cecchetti y Nicola Mongelli, también del ENI. Posteriormente se suicidaría Raúl Gardini, presidente de la Ferruzzi Finanziaria. El potentado de Rávena, yerno de Sarafino Ferruzzi, fundador del holding, fue corresponsable con Cagliari de la fallida fusión entre la división química del ENI y la Montedison del grupo Ferruzzi. Montedison fue la primera gran empresa que colocó representantes de los ecologistas en su consejo de administración. Carlo De Benedetti, presidente de Olivetti, quien también apoyó al BCSD, resultaría también implicado en presuntos casos de corrupción. (Santiago Vilanova. Empresarios verdes para un planeta azul. Barcelona, Naturat-Blume, 1994). Las esperanzas de Schmidheiny se desvanecieron en tres años y actualmente el BCSD, que contó entre sus fundadores al actual presidente del Banco Mundial, James Wolfensolhn, es un organismo totalmente ineficiente ya que no ha logrado que la Carta de París fuese ratificada por la mayoría de organizaciones empresariales del Norte.

Actualmente, la mayor parte del negocio medioambientalista (tratamiento y reciclaje de residuos, plantas de depuración de aguas, incineración, vertederos controlados) se halla en manos de potentes grupos monopolísticos. En Europa, la primera alarma la dio el semanario italiano Epoca, al denunciar que algunas filiales europeas de Waste Management y Browning Ferries Industriales estaban relacionadas con la Mafia y la Camorra, y practicaban estrategias sucias para lograr contratos y ganar los concursos públicos. La Oficina Internacional del Reciclaje (BIR) de Bruselas, que agrupa a las principales industrias recicladoras, parece estar interesada en este descontrol para favorecer a este tipo de prácticas monopolísticas.

Otro informe de The New York Times Magazine denunciaba que en Manhattan la política del reciclaje era una impostura debido al elevado costo de cada tonelada de cristal, plástico o metal reciclado que imponen las empresas recuperadoras. Otros datos se refieren al tráfico de CFC (los gases que destruyen la capa de ozono) que, rechazados en los países industrializados, se exportan a los países pobres, cuyo mercado negro está reportando beneficios parecidos a los de la cocaína. Un último aspecto de la conspiración contra el medio ambiente es el tráfico ilegal de residuos tóxicos que en Europa ha alcanzado límites alarmantes, especialmente por la exportación a países del este y a las ex repúblicas soviéticas.

El pastel ambiental

A pesar de las críticas a los incumplimientos de Río y de las informaciones pesimistas que indican un incremento de la degradación ecológica del planeta, el negocio medioambiental está creciendo de forma espectacular y las revistas económicas señalan al sector como uno de los más dinámicos y con más futuro. Ferias, congresos y reuniones de empresas que invierten en tecnología medioambiental se están celebrando en las principales capitales del mundo. No sólo se piensa en las necesidades que tiene el mundo rico de estas tecnologías sino también en satisfacer y resolver la demanda procedente de los países del este y del Sur. El costo de la degradación medioambiental de Rusia significa ya más del 20 por ciento de su PNB. La ex Unión Soviética y el conjunto de países del este reclaman ayudas financieras anuales de 100.000 millones de dólares (el uno por ciento del PNB de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea) para resolver la contaminación de las tierras, las aguas y la atmósfera, sin incluir el costo del control del parque nuclear (The Washington Post valoró los efectos del accidente de Chernobil en 270.000 millones de dólares).

Esta situación ya fue denunciada en 1989 por el bioquímico Zhores A. Melvedev en el Simposium Internacional "Una Sola Terra" de Barcelona: "Se ha calculado que en Rusia se requiere una inversión de 16 billones de dólares para rebajar el grado de contaminación atmosférica en las áreas urbanas al límite más alto tolerable".

El mercado mundial del medio ambiente está dominado por el sector del tratamiento de aguas, los servicios y el tratamiento de residuos sólidos. A principios de los 90 se evaluaba en unos 20.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 5,5 por ciento, y daban 1,7 millones de personas repartidas en 60.000 empresas (30.000 en América del Norte; 20.000 en Europa; 10.000 en Japón, que junto a Canadá, Estados Unidos y Alemania lidera el mercado de tecnología medioambiental).

En Europa las inversiones medioambientales alcanzan un promedio del tres por ciento del PIB global. La suma de los aportes de los mercados alemán, francés, italiano y británico representa el 70 por ciento del negocio europeo. En Alemania, el sector aporta cerca de un millón de puestos de trabajo y en Francia 500.000. Se espera que en el año 2.000 se alcance la cifra de cuatro millones de empleos entre ambos países. Por otra parte, las inversiones en los países del este que parecían fáciles se han complicado a raíz de la inestabilidad política y de las dificultades que tienen las entidades bancarias europeas de dar créditos para reconstrucción ecológica.

Se piensa que la reactivación del sector medioambiental se acelerará con las aportaciones del sector de las telecomunicaciones y de las llamadas "autopistas de la información", así como por la eclosión de la televisión por cable. Además de las tecnologías de la comunicación aplicadas al medio ambiente, los sectores en alza serán el ecoturismo, la arquitectura y el urbanismo sostenibles, la agricultura biológica, la educación ambiental y las energías renovables, que se añaden a las más dinámicas de la década del 80: ingeniería, tratamiento de residuos y plantas depuradoras de agua.

Las inversiones en América Latina son otro de los objetivos de las grandes corporaciones. Las sociedades energéticas (gas, agua, electricidad) y de telecomunicaciones están aterrizando con fuerza con el apoyo logístico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones. Detrás de las inversiones de las españolas Telefónica, Repsol, Gas Natural o Aguas de Barcelona se introducirán posteriormente los grandes monopolios del tratamiento de basuras y los residuos industriales. Ante esta situación parece razonable que las miles de organizaciones ambientalistas del planeta, que tuvieron que soportar su marginación en Río, se pregunten: ¿No estamos siendo manipulados por el nuevo capitalismo verde? ¿No resultarán nuestros esfuerzos propaganda gratuita para los negocios de los de siempre? ¿Por qué en las empresas ambientales los ecologistas no suelen ocupar puestos de responsabilidad? ¿Por qué los titulares de los Ministerios de Medio Ambiente no son ecologistas reconocidos?

Las ecoempresas

La alternativa para frenar la dinámica contaminadora pasa inevitablemente por una reforma impositiva de la producción que grave sobre las empresas que contaminan y destruyen recursos no renovables y ayude fiscalmente a las empresas ecológicas. Este tipo de fiscalidad reduciría los impuestos del trabajo humano y crearía nuevos impuestos sobre la explotación de los recursos. Se debilitarían los sectores fuertemente consumidores de energía, como el químico, el papelero y el siderúrgico, y se reforzarían los de la construcción mecánica, electrónica, mecánica de precisión y servicios. Un 75 por ciento del costo de esta fiscalidad ecológica recaería sobre las empresas y el 25 por ciento sobre los consumidores.

El objetivo sería caminar hacia un sistema integrado económicoambiental que generaría un "PNB verde". Las orientaciones de la Unión Europea y de la Agenda Europea del Medio Ambiente van en la línea de establecer un Sistema Europeo de Indices Económicos y Medioambientales (ASEPI) que respetarían unos coeficientes variables según las características geográficas y ecológicas de cada país. Alemania, por ejemplo, tiene unos costos debido al impacto de las lluvias ácidas mientras que España los tiene por la erosión de sus suelos. Las orientaciones de la Comisión Europea y del Parlamento se encaminan a exigir a las empresas análisis del ciclo de vida de sus productos y mejora de las tecnologías disponibles. Los estudios de impacto ambiental son otra de las reglamentaciones progresistas de la Unión Europea, siempre y cuando se hagan por consultorías independientes de las empresas que ejecutan los proyectos.

Esta reforma que se propone, y a la que siguen resistiéndose los lobbies contaminantes, a los que les interesa seguir aplicando un dumping ambiental invirtiendo en países ahogados por la deuda, sería la única manera de avanzar y detener el cambio climático. No hemos de olvidar que el incremento de las emisiones de anhídrido carbónico hará subir las temperaturas hasta 3,3 grados y el nivel de los océanos de 30 a 60 centímetros, con todas las consecuencias catastróficas que comportaría.

Cada vez son más los ecologistas partidarios de las medidas fiscales que servirían para disminuir el consumo energético y acelerar la sostenibilidad. Podemos doblar la calidad de nuestra vida reduciendo a la mitad el consumo energético, aseguran los últimos estudios del Instituto Wuppertal para el Club de Roma. Por ahora la fiscalidad ecológica sólo ha tenido aplicaciones parciales en los países nórdicos y centroeuropeos. ¿Cómo avanzar, entonces, hacia la sostenibilidad? Existen ya algunas experiencias interesantes.

En Gran Bretaña y Estados Unidos las ONG, los ecologistas y las asociaciones de consumidores han fomentado la creación de los llamados Fondos Eticos de Inversión a quienes confían sus ahorros. Pero incluso en estos Fondos hay que vigilar que no se produzcan desviaciones hacia corporaciones como la Shell o la British Petroleum por considerar que estas sociedades progresan a favor de tomar medidas anticontaminantes. Otros proyectos alternativos son el establecimiento de entidades bancarias ecológicas que sólo pueden invertir sus fondos en proyectos sostenibles. Esto es el caso del Okobank de Frankfurt, cuyo éxito ha obligado a plantearse la posibilidad de crear filiales en otros países de la Unión Europea. Como réplica al Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible se han constituido asociaciones de pequeñas y medianas ecoempresas. Por ejemplo, en Alemania existe la Unternehemens-Grun, que agrupa a los sectores empresariales próximos a los Verdes. Esta experiencia es seguida de cerca por las ecoempresas que actúan en el marco mediterráneo.

En el Area Metropolitana de Barcelona se ha aprobado un plan de residuos para alcanzar niveles de reciclaje de un 60 por ciento, un objetivo aún no logrado en ninguna área densamente poblada del planeta y que puede dinamizar la aparición de un amplio sector ecoempresarial si se aprueban medidas políticas para impedir las prácticas monopolísticas de las grandes sociedades que ya controlan los vertederos y el transporte de residuos, como Waste Management y Browning Ferris.

En Francia, el Consejo Regional de Bretaña ha iniciado una operación inusitada colocando a ecologistas en la dirección de la campaña "Bretagne environment plus" organizada por cerca de 600 empresas. En la Baja Normandía y en el área industrial de París se ha preparado una operación similar. Sin embargo, la revista The Ecologist, fundada por Edward Goldsmith, se muestra escéptica respecto a estos acuerdos y teme que se trate de argucias empresariales para neutralizar la acción ecológica. En cualquiera de estas experiencias alternativas, unas más rupturistas, otras más reformistas, la última palabra la tienen los gobiernos y los partidos políticos mayoritarios. Ya sea para que estas iniciativas se consoliden o fracasen. Sin ayudas fiscales, disminución del IVA, supresión de impuestos locales o regionales, las ecoempresas pueden ahogarse ante un darwinismo económico salvaje y unas leyes de mercado pensadas sólo para las trasnacionales.

Por todo ello se hace indispensable la sindicación cooperativa de estas acciones ecoempresariales y el apoyo cívico de los consumidores.

Cinco años después de Río, los medios de comunicación y los economistas siguen considerando que el verdadero objetivo de la producción es el producto y el consumismo, no los derechos de la Naturaleza y el "placer de vivir", tal como reivindicaba el entropista Nicholas Georgescu Roegen. Los empresarios del siglo XXI defienden la ecología como un valor ético de la producción y del progreso humano, o vamos directo a la catástrofe. Tal vez nos hallemos ante la última oportunidad para reaccionar.

Santiago Vilanova es miembro de Acción Ecológica Europea (Ecoropa) y de la Asociación Internacional de Periodistas de Medio Ambiente