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Ambiente


No. 73 - Noviembre 1997

Problemas Ambientales Globales

Un nuevo colonialismo para el siglo XXI

por Verónica Vidal Oltra

Cuando parecía que los gobiernos de todo el mundo comenzaban a ser sensibles a los problemas ambientales globales, se hace evidente que, en realidad, las nuevas políticas repercuten nuevamente en los países del Sur.

En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se evidenció la magnitud de los problemas ambientales globales, y entre ellos, la magnitud del Cambio Climático. Este problema viene dado, principalmente, por las emisiones de CO2 (gas invernadero) de los países desarrollados, debido al uso excesivo de los combustibles fósiles, como petróleo, gasolina, gasóleos, carbón, etc. Los efectos podrán notarse, en cambio en todo el mundo, sobre todo en aquellas zonas más desfavorecidas, y en las áreas costeras e isleñas de todo el mundo. Urgía tomar decisiones con el correcto enfoque para que fueran realmente efectivas.

Parecía más que evidente que para invertir este problema había que atacar radicalmente las causas, estando precisamente en la raíz el exceso de emisiones de CO2 de los países ricos. La sorpresa vino cuando estos gobiernos, incapaces de poner límites concretos a sus emisiones y de establecer políticas efectivas de reducción, se convencieron que lo mejor no era reducir sino contrarrestar sus emisiones.

Así nació la idea de creación de reservorios de carbono, es decir, de plantaciones que absorban "el exceso" de CO2, a partir de la fijación de este gas por fotosíntesis, por la ya tan conocida ecuación: CO2 + H2O + luz solar = C6 H12 O6 (celulosa).

Con esta simple ecuación conseguían liberarse de la fuerte responsabilidad política y técnica que suponía negociar unos acuerdos entre los países ricos.

Pero desarrollar esta nueva idea en sus propios países era igualmente una actividad muy cara, por lo que después de realizar un estudio costo-efectividad llegaron a una conclusión: los reservorios de carbono deben crearse en países en vías de desarrollo. En estos países el precio de las tierras, el costo de la mano de obra y la tolerancia de los gobiernos, presentan unas condiciones mucho más favorables para la implementación de estas políticas. En resumen, el modelo plantea un país productor de CO2 (como desecho de su desarrollo) y varios países que absorban su CO2, al estilo de un nuevo colonialismo climático. A este modelo, curiosamente se le llama "implementacion conjunta".

Las versiones de la implementación conjunta

Hay varias opciones que se plantean para contrarrestar las emisiones, ya sea en el ámbito de la nueva vegetación (como fijación fotosintética) como en el de la tecnología energética.

En materia de la tecnología se considera que una mejora de la eficiencia energética que repercuta en una disminución de emisiones de CO2, representa una contaminación contrarrestada en el país promotor.

Otra de las opciones, siguiendo en la línea de la tecnología, es invertir en energías alternativas no productoras de CO2, como la energía eólica, la solar o el cambio de combustibles. La comparación con lo que produciría una industria energética contaminante es el saldo que le corresponde al país que tiene que reducir sus emisiones.

En el ámbito de la vegetación, la propuesta es aumentar el potencial fotosintético del planeta, que convierta el CO2 en materia orgánica. Para ello es necesario que se fomente la forestación, sobretodo de especies de rápido crecimiento, para absorber la mayor cantidad de CO2 en menor tiempo.

Por último hay una propuesta basada en el fomento de zonas protegidas, como los parques naturales, las reservas ecológicas, etc. La inversión estaría destinada a la compra de tierras y a la elaboración de planes de manejo de estas zonas para detener la deforestación.

Ciertamente, algunas de estas versiones no parecen ser algo demasiado negativo, pero parten de un principio totalmente erróneo, que es la negación de la verdadera causa y, por tanto, de los verdaderos actores en la solución del problema. El debate incipiente acusa ya de una inadecuada apropiación de la capacidad de absorción de los países del Sur por los del Norte. En todo caso, si se quiere considerar el "pago o inversión por absorción", éticamente hay que contabilizar todo lo que hasta el momento ha sido absorbido de forma gratuita. Estamos de nuevo frente a la cuestión de la deuda ecológica, frente a la deuda externa.

A este cuestionamiento teórico se añade la práctica de estas políticas, que también debe ser cuestionada. Hasta el momento, estos proyectos están creando conflictos de tenencia de tierras, de dependencias y hasta de problemas ambientales.

Para todas las instituciones y gobiernos que promueven esta actividad lo más importante es que los proyectos de Implementacion Conjunta están destinados al desarrollo de comunidades y países. Entienden que se trata de un nuevo tipo de cooperación que beneficia a las dos partes, pero ¿es eso cierto?

En primer lugar, consideremos las inversiones en mejora o sustitución de la tecnología. Teniendo en cuenta que los verdaderos promotores son compañías eléctricas, el cambio de tecnología, es en realidad, una transferencia de tecnología (exportación), con lo que el beneficio es obvio. Más cuando estas empresas se convierten en accionistas de las empresas reconvertidas. Es de suponer que tanto los técnicos como la provisión de repuestos mantendrán una dependencia ad eternum a la compañía promotora.

Si observamos el caso de la forestación, queda claro que no se están fomentando los bosques, ya que estos absorben aproximadamente el CO2 que emiten, en un balance aproximado igual a cero. El objetivo está en las plantaciones, principalmente de especies de rápido crecimiento, como el eucalipto y el pino, con los conocidos impactos ambientales que producen, aparte de otros impactos sociales. El caso de Ecuador ejemplifica muy bien dichos impactos.


El caso ecuatoriano

En Ecuador, desde 1993 la empresa Profafor (Programa Face de Forestación), con fondos de la fundación de compañías eléctricas FACE, viene desarrollando un proyecto ambicioso de forestación en los Andes. El objetivo es realizar, en 15 años la plantación de 75.000 hectáreas de árboles, entre los 2.400 y los 3.500 metros de altura, esto es, en la zona de prepáramo y páramo. El páramo es un ecosistema frágil y diverso, propio de las zonas altas y frías de los Andes, que carece originalmente de vegetación arbórea. En él se inician los cursos de agua de todo el país, siendo por ello de vital importancia su conservación.

Los objetivos de Profafor, en cambio, van en una dirección opuesta, como demuestra el hecho de querer plantar 75.000 hectáreas de árboles con una densidad considerable (entre 1.000 y 1.100 árboles por hectárea). Debido a la rapidez de crecimiento y al bagaje adquirido durante muchos años de reforestación, se consideran casi exclusivamente las especies exóticas tales como el eucalipto y el pino. Estas especies se han convertido ya en una tradición en los Andes ecuatorianos. Una razón básica es la falta de estudios sobre especies nativas (y quizá la falta de interés, ya que no son especies tan productoras como el pino o el eucalipto). Sin embargo, estas especies exóticas no dejan de tener fuertes impactos. Estos impactos son aun mayores por el hecho de plantarlos en zonas tan sensibles como las cabeceras de los ríos, ya que son árboles que absorben grandes cantidades de agua. Los efectos sobre la hidrología de Ecuador no pueden ser calculados por el momento, aunque en realidad tampoco ha habido un excesivo interés por conocerlos.

Pero los efectos sobre las personas y las comunidades son todavía peores, ya que deben hipotecar sus tierras durante 15-20 años, durante los cuales no pueden usarlas para ningún otro fin, ni siquiera el pastoreo. La densidad de árboles estipulada por los contratos no lo permite.

De esta manera, lo que en teoría son proyectos de desarrollo se convierte en un robo temporal de las tierras, ya que los montos de dinero que reciben representan un beneficio inicial que rápidamente es consumido para satisfacer algunas necesidades.

En un principio la empresa Profafor no quería trabajar con grandes propietarios, porque no estaba en concordancia con los objetivos de desarrollo de las comunidades, pero en la realidad los latifundistas son los que ofrecen mayores plantaciones en menor tiempo. Así, la proporción de grandes propietarios es apenas del cuatro por ciento, sin embargo proveen del 70 por ciento de las plantaciones. Estos propietarios firman contratos de 99 años, con varios períodos de manejo, con lo que el compromiso es de por vida y hasta para las generaciones futuras.

A pesar de todo esto, en Holanda, país de la fundación de compañías eléctricas que han promovido estos proyectos, se tiene la opinión que se trata de una actuación muy efectiva para el desarrollo de comunidades, y que el trabajo emprendido es muy valioso. La ignorancia o el desconocimiento no es, de ningún modo, una disculpa, la fundación FACE es corresponsable de los impactos.

La discusión está servida, ahora es nuestra responsabilidad la de permitir que se siga entendiendo a los países del Sur como solución a los problemas causados por los países del Norte, mientras que vemos que nunca se da el proceso inverso.




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