No. 73 - Noviembre 1997

ARGENTINA

Una alianza contra la miseria

por Rodolfo Terragno

La Alianza opositora en Argentina está a las puertas del gobierno tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El autor, presidente de la Unión Cívica Radical, expone el programa económico-social del bloque opositor, que aspira a conciliar libertad con igualdad y saldar la "deuda social" acumulada por el presidente Carlos Menem, así como declarar la guerra a la corrupción, si llega al gobierno en 1999.

La victoria de la Alianza de oposición en los comicios del domingo 26 de octubre en Argentina, no es un punto de llegada sino un punto de partida. A partir de ahora, comenzamos a construir la Argentina del siglo XXI que todos queremos y nos merecemos. En agosto pasado, la Unión Cívica Radical (bajo mi presidencia) y el Frente País Solidario sellaron una alianza que tuvo su primer test en las elecciones legislativas. Su triunfo significa la derrota del Partido Justicialista, fundado por Juan Perón y hoy dominado por el presidente Carlos Menem.

Argentina dio grandes pasos desde la restauración de la democracia en 1983. Entre los logros democráticos sobresalen la estabilidad política y económica. Pero en los últimos seis años, la brecha entre los más ricos y los más pobres creció 50 por ciento. El desempleo se triplicó. Los padecimientos económicos agobian a los trabajadores no calificados y erosionan a la clase media. La democracia debe sortear, ahora, la prueba más difícil: conciliar libertad con igualdad. Es por ello que el programa de la Alianza propone saldar la "deuda social".

Junto con el aumento de la pobreza, el país sufrió en estos años del gobierno Menem un retroceso institucional y moral. La división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha vuelto borrosa. Nadie siente que haya los contrapesos y controles necesarios. La corrupción administrativa es apabullante. Hay un abrumador escepticismo sobre la independencia del Poder Judicial. La sensación de impunidad se ha vuelto muy fuerte. Los más débiles desconfían y se sienten desprotegidos. Esto coadyuva a propagar males sociales como la drogadicción, la violencia y el delito.

Hasta la formación de la Alianza, la mayoría de los argentinos no encontraba una alternativa. El reclamo social era cada vez mayor y exigía que los partidos opositores superasen sus diferencias secundarias y unieran sus fuerzas para resolver la crisis moral e imponer una política de desarrollo económico con equidad.

En la Argentina de hoy, la gran misión moral es reinstaurar la noción de deber. La Alianza levanta la bandera de la solidaridad y pone el interés público por encima del interés individual. En ese sentido, hemos asumido compromisos fundamentales:

* Declarar una guerra sin cuartel a la corrupción.

* Asegurar la independencia judicial y el funcionamiento de las instituciones.

* Poner freno al autoritarismo y los excesos del Poder Ejecutivo.

* Reasegurar la libertad de Prensa.

* Garantizar más democracia y más participación.

La política económica del actual gobierno no cumple ninguno de los requisitos de una estrategia de desarrollo. Atenta contra la seguridad jurídica. Plantea dudas sobre el futuro. Causa una peligrosa inestabilidad social. No otorga prioridad a la educación ni a la ciencia. Sólo se ocupa del corto plazo.

En la búsqueda de inversiones, cada economía compite con otras. La más exitosa es la que mejor resiste el análisis del costo de oportunidad. La Argentina actual compite consigo misma: dado el riesgo país -derivado de la incertidumbre de largo plazo- y existiendo una política económica que depende dramáticamente del flujo de capitales financieros, el rendimiento de la inversión especulativa es mucho mayor que el de la inversión productiva.

El gobierno de Menem mantiene una estabilidad precaria, atrayendo capital financiero (inversiones de corto plazo) a toda costa. La Alianza creará condiciones para una estabilidad permanente y estimulará inversiones de largo plazo en sectores desde los cuales Argentina pueda irrumpir en el mercado mundial.

Uno de los puntos fundamentales de nuestro programa consiste en librar una batalla sin concesiones contra la evasión fiscal. Los economistas de la Alianza han estimado que el Estado pierde anualmente 11.000 millones de dólares por IVA evadido y 6.000 millones por aportes no realizados: en total, 17.000 millones de dólares. Esto significa que, solamente combatiendo la evasión, puede aumentarse el gasto público de 44.000 millones de dólares anuales hasta un máximo de 61.000 millones, sin déficit ni deuda adicionales y, lo que es muy importante, sin introducir impuestos nuevos ni aumentar los actuales.

Es por lo tanto viable el plan de desarrollo económico y social de la Alianza que postula la instrumentación de políticas macroeconómicas que propendan a la formación de capital, la inversión de largo plazo, la productividad, la competitividad y la expansión del comercio exterior. La meta es el crecimiento no inflacionario y sostenido a una tasa mínima de seis por ciento anual.

No existe la posibilidad de crear los dos millones de empleos que hacen falta en Argentina, si no se desarrolla un modelo industrial exportador. Para ese fin, postulamos una alianza del Estado y la producción. El Estado de la posprivatización (el que surge después del traspaso de las empresas estatales a la esfera privada efectuado por el gobierno Menem), ha quedado libre de la responsabilidad de producir bienes o proveer servicios. Ahora debe convertirse en el principal aliado del sector privado en la lucha por la conquista de mercados internacionales.

En 1991, el gobierno actual, acosado por la hiperinflación, implantó una "caja de conversión" con paridad fija (un dólar igual a un peso argentino). Este sistema, llamado de convertibilidad, fue acertado y logró estabilizar la moneda. Pero la convertibilidad es un recurso excepcional y transitorio.

La Alianza piensa que hay que curar la enfermedad para que Argentina no tenga que depender de medios artificiales. Para nosotros, la indispensable estabilidad monetaria debe ser el resultado natural de una política de saneamiento económico (presupuesto base cero, equilibrio fiscal, una suerte de Bundesbank) y eso es precisamente lo que haremos si llegamos al gobierno en 1999. A partir de allí, pondremos en marcha una política industrial orientada al mercado mundial.