No. 78 - Abril 1998

Si algo tuvo de coherente la política económica del Norte en la última década fue el afán por abrir las economías del Sur a las transnacionales. La Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron instrumentos útiles para tales fines. Pero, además, casi en secreto se puso en marcha otro proceso que prepara el terreno para cambios más radicales y de más largo alcance en torno al mismo objetivo.

Si algo tuvo de coherente la política económica del Norte en la última década fue el afán por abrir las economías del Sur a las transnacionales. La Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron instrumentos útiles para tales fines. Pero, además, casi en secreto se puso en marcha otro proceso que prepara el terreno para cambios más radicales y de más largo alcance en torno al mismo objetivo.

Desde mediados de 1995, los ministros de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han estado negociando un tratado internacional que reforzará enormemente el poder de las transnacionales y menoscabará drásticamente el derecho de los gobiernos receptores a regular sus actividades. Si bien el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI) es aún asunto de la OCDE, una vez concluido se abrirá a la firma de los países del Sur y Argentina, Brasil y Chile están participando como observadores en la discusión.

El tratado tiene consecuencias inquietantes. Concede a una empresa extranjera la facultad de establecerse en cualquier sector de la economía de un país receptor y recibir "trato nacional". Toda política o reglamentación que busque promover a las empresas locales a expensas de los inversionistas extranjeros o darles trato preferencial será considerada ilegal. Toda reglamentación que -salvo por motivos de seguridad nacional- busque reservar algún sector de la economía para la inversión nacional, constituirá una violación del tratado.

El AMI prohibirá también a los gobiernos la aplicación de políticas que puedan representar una amenaza para los inversionistas extranjeros o simplemente obstaculicen sus actividades comerciales. Se proscribiría así desde la clásica respuesta nacionalista de nacionalización o expropiación sin compensación, hasta el derecho estatal a regular las corrientes de capital, incluso las corrientes especulativas que tanto estrago han provocado con la crisis financiera que asoló Asia y otras partes del mundo.

El tratado busca asegurar ese poder que les confiere a las transnacionales mediante una vía de compensación legal: las empresas extranjeras podrán no sólo entablar juicio a los gobiernos en cortes nacionales sino también en tribunales internacionales.

Obviamente, el AMI está concebido para despojar a los estados, gobiernos y comunidades de su poder, en favor de las transnacionales. Todo esto ha generado una campaña internacional en su contra, a la cual se suma Estados Unidos que, por razones de interés propio, anunció que no aceptaría el tratado en su forma actual. Como resultado, el AMI probablemente sufrirá una nueva postergación cuando los ministros de la OCDE se reúnan en abril.