No. 78 - Abril 1998

¿Las transnacionales deberían dominar el mundo?

El Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI), en lugar de regular a las grandes empresas, regulará a los gobiernos nacionales, estaduales y municipales. De esta forma, el equilibrio de poder entre las transnacionales y los gobiernos se alterará para siempre. De hecho, aquéllas gobernarán el mundo, sostiene el Foro Internacional sobre Globalización de Estados Unidos, que realiza una tarea educativa sobre los grandes temas económicos actuales.

1 Por ahora, los gobiernos deciden soberanamente las condiciones en las que los inversores extranjeros pueden adquirir empresas, bancos, canales de televisión y servicios públicos nacionales. A veces es necesario crear normas para impedir que fuentes extranjeras posean o controlen bienes nacionales, exigirles que se instalen en comunidades o zonas comerciales desfavorecidas, que reinviertan parte de sus ganancias en la comunidad o bien que contraten cierto porcentaje de trabajadores locales. Asimismo, ninguna sociedad democrática desea negociar con empresas que infringen los derechos humanos o maltratan el ambiente ni permitir que las artes o los medios de comunicación sean dominados por extranjeros. Sin embargo, todo esto cambiaría si el AMI fuera aprobado.
2 El acuerdo impone restricciones en todos los niveles de gobierno: federal, estadual y municipal. En cada jurisdicción, las empresas extranjeras deben ser tratadas igual o mejor que las nacionales. Imaginemos que una ciudad dada favorece a las compañías locales en proyectos municipales como obras públicas o servicios de almuerzos escolares, o que un estado tiene ciertos requisitos de residencia para la posesión de tierras. El AMI podría revertir todas esas normas.

Aun las leyes no discriminatorias podrían ser prohibidas si obstaculizan la entrada de capitales extranjeros. Por ejemplo, un gobierno puede imponer límites a todas las empresas -tanto nacionales como extranjeras- en las operaciones forestales o mineras para proteger los recursos naturales. Con el tratado, las compañías extranjeras podrían modificar esos límites con el argumento de que favorecen a las empresas locales ya establecidas. En consecuencia, se eliminarían medidas de protección ambiental.

3 El AMI prohibe "requisitos de actuación" para los inversores. Tales requisitos pueden incluir la contratación de trabajadores locales, el uso de materiales nacionales en la producción, la contratación de servicios locales o el control de las ventas de tierra. Todos ellos quedarían prohibidos. Otras normas locales pueden exigir la reinversión de las ganancias en una comunidad determinada. Leyes como la de Reinversión Comunitaria, que obliga a los bancos que deseen expandirse a realizar préstamos en su propia comunidad, desaparecerían con el AMI. Este acuerdo representa la mayor pérdida de control comunitario de la historia.

4 La prohibición de "requisitos de actuación" también será fatal para los esfuerzos de los países por impedir la fuga de las ganancias extranjeras o prevenir fiascos como la crisis financiera de Asia. El AMI elimina eficazmente la capacidad de los gobiernos de regular la entrada y salida de capitales y la especulación financiera, o de poner condiciones a las inversiones de cartera. Medidas como la exigencia de mantener las inversiones por un período mínimo de tiempo, reduciendo así la especulación, serían abolidas. Sin la capacidad de aplicar tales normas, todos los países estarían sujetos a los estragos de los "ataques monetarios" y los caprichos de los bancos gigantes.

5 Con el AMI, las grandes empresas obtendrían un estatuto equivalente al de "nación más favorecida". Esto significa que ninguna categoría de gobierno podría "discriminar" a los inversores en razón de su tratamiento del ambiente o los derechos humanos. Si el AMI hubiera estado vigente durante el régimen de segregación racial de Sudáfrica (apartheid), todas las sanciones gubernamentales y boicoteos contra las inversiones sudafricanas habrían sido ilegales, y el apartheid aún existiría. Uno de los instrumentos más importantes para la defensa de los derechos humanos, el ambiente y la justicia social desaparecería.

6 El texto del AMI establece que los gobiernos no pueden expropiar inversiones "directa o indirectamente (...) ni adoptar medidas de efecto equivalente". El acuerdo incluso considera expropiación "la pérdida de la oportunidad de beneficiarse de una inversión proyectada". Esto significa que si se creara una nueva ley de salud pública -por ejemplo contra las filtraciones tóxicas o contra los aditivos de combustible que causan contaminación o para regular prácticas mineras en protección del ambiente- se consideraría como una expropiación, porque indirectamente afecta las ganancias futuras de una inversión proyectada. Por tanto, los contribuyentes tendrían que pagar a una compañía millones de dólares por una inversión que nunca realizó.

El AMI también hace referencia a la pérdida de beneficios debido a boicoteos, protestas públicas, huelgas, etc. En consecuencia, si una protesta o huelga redujera, real o supuestamente, las ganancias de un inversor, los contribuyentes deberían pagar por ello. Peor aún, tales normas brindarían a muchos gobiernos un fuerte incentivo para reprimir la libre expresión.

7 Para aumentar todavía más la dominación de las empresas sobre los gobiernos, el AMI otorga a aquéllas y otros inversores facultades sin precedentes para demandar a estados soberanos. Las demandas ya no podrían ser recibidas por cortes nacionales, sino que las compañías elegirían entre una lista de tribunales internacionales cerrados, que actuarían con absoluta reserva. Las naciones-estado y los gobiernos locales estarían sujetos a las sentencias de dichas cortes y podrían ser obligados a pagar sumas enormes a las empresas demandantes.

Un ejemplo de lo que podría ocurrir es el juicio que Ethyl Corporation entabló contra el gobierno de Canadá sobre la base de una disposición similar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ethyl exige una compensación de 251 millones de dólares porque Canadá prohibió la importación del MMT, un aditivo de combustibles presumiblemente neurotóxico. La compañía sostiene que aún el debate de la prohibición en el parlamento equivale a una expropiación de sus bienes.

8. Algunos afirman que el AMI beneficiará a las economías del Sur, contribuyendo a "alimentar un mundo hambriento". Sin embargo, la realidad es exactamente lo contrario: el AMI consagra la dominación de los países pobres por inversores ricos. Esos países necesitan control sobre las inversiones en su territorio para poder estimular a las empresas y los trabajadores locales a construir una base para el futuro y deben tener plena autoridad soberana para regular actividades que podrían destruir a las compañías nacionales.

Los países en desarrollo suelen favorecer a la industria nacional con exoneraciones fiscales, a sus bancos sobre los extranjeros y a los agricultores locales sobre las transnacionales agrícolas, además de preferir a las empresas nacionales en los contratos del Estado y exigir que los inversores extranjeros se asocien con inversores locales, que deben retener 51 por ciento de las acciones. Estos controles desaparecerían con el AMI. Todos los países quedarían a merced de las nuevas libertades del capital transnacional y los únicos beneficiados serían los bancos de inversión.

9. Lo más alarmante es que las negociaciones del AMI se realizan desde hace dos años sin ningún tipo de participación o examen público. La prensa y la opinión pública fueron excluidas, y el texto del acuerdo nunca se dio a conocer, hasta que una copia filtrada apareció en Internet. Estados Unidos sólo está representado por el Departamento de Estado y el del Tesoro, la Oficina del Representante Comercial y grupos empresariales como el Consejo Estadounidense para el Comercio Internacional.

¿Por qué fueron excluidos grupos de consumidores, pequeñas empresas, ambientalistas, sindicalistas y otras organizaciones no gubernamentales? ¿Qué le pasó a la democracia? Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿Quiénes deberían elaborar las normas que rigen nuestra vida, gobiernos democráticamente electos o las transnacionales y los especuladores? El AMI equivale a una declaración de derechos de los grandes bancos y empresas multinacionales, que abroga los derechos de los gobiernos nacionales, las comunidades locales y la sociedad democrática.

El director general de la Organización Mundial del Comercio, Renato Ruggiero, calificó al AMI como "la Constitución de la economía global". ¿Es deseable una economía gobernada por las grandes empresas? ¿Es por eso que todo se ha hecho deprisa? ¿Dónde está el debate público sobre este tema crucial? Si los ciudadanos de sociedades democráticas llegan a enterarse de lo que está sucediendo, la indignación pública será considerable. Es hora de que todos nos involucremos.

Las negociaciones están en su última etapa en París, donde una comisión revisa los últimos detalles del texto para que sea aprobado a fines de abril por los 29 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los más ricos del mundo. Si esto ocurre, los parlamentos de todos los estados miembros tendrán que aprobarlo y luego los restantes países serán "invitados" a hacer lo mismo.

Foro Internacional sobre Globalización (The International Forum on Globalisation, IFG): 1555, Pacific Avenue, San Francisco, CA 94109, USA.