Resurgence No. 4 - 2003

Irak posguerra, ¿Un escaparate de la privatización?

por Philip Mattera

Varios grupos de investigación de derecha, estrechamente relacionados con el gobierno de George W. Bush, han presionado para que la “privatización” sea lo esencial del plan económico de Estados Unidos en la reestructuración del Irak de la posguerra.

Durante la semana del 31 de marzo, los militares estadounidenses encontraron una solución para el caos de la distribución de agua a los civiles en el puerto iraquí de Umm Qasr: ofrecían agua gratis en camiones cisterna a algunos habitantes locales y les daban permiso para vender el precioso líquido a un precio “razonable”. “Esto significa un incentivo para que trabajen”, le dijo un comandante a un periodista del diario The New York Daily News.
Esta transferencia de un bien de uso público a manos privadas es un primer paso, pequeño, hacia lo que podría ser una ola privatizadora en Irak, luego de la guerra. Varios grupos de investigación conservadores y otros analistas han declarado durante muchos meses que habría que reestructurar la economía después de Saddam Hussein, siguiendo los principios de Milton Friedman.
Durante la semana del 24 de marzo, Robert McFarlane, asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ronald Reagan, y Michael Bleyzer, gerente de una compañía de administración de fondos en títulos, publicaron un editorial en The Wall Street Journal titulado “La privatización de Irak”. Ambos alegaban que “Estados Unidos y sus aliados harían bien en armar un equipo de líderes del sector privado que oficie de ‘comité directivo’ para supervisar y monitorear” la reestructura económica.
Durante la conferencia organizada por la derechista Heritage Foundation, se hizo un llamado explícito a la privatización, más que un simple pedido de inversores privados. Durante la conferencia, Ariel Cohen y Gerald O’Driscoll declararon: “Para rehabilitar y modernizar su economía, el gobierno que sustituya a Saddam deberá moverse simultáneamente en varios frentes de la política económica, utilizando la experiencia de las campañas de privatización y reforma estructural de otros países”. Los autores proponen, además, algo que llaman “lección nº 1”: “Trabajo de privatización por todas partes”.
En septiembre de 2002, el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía información muy completa sobre la reunión de la Heritage Foundation. Había una cita textual de Cohen, cuya principal recomendación es crear “un entorno legal moderno que reconozca los derechos de propiedad, que hoy son inexistentes en Irak, y conduzca a la privatización”.
Al igual que con otros temas iraquíes, los llamados de Estados Unidos a la privatización han encontrado eco en Gran Bretaña. En marzo, el Instituto Adam Smith, impulsor del libre mercado, presentó un documento titulado “Hacia una Agenda de Economía y Gobernanza para un Nuevo Irak”. Una sección de dicho documento comienza con la siguiente afirmación: “La privatización es una condición sine qua non para realizar una reforma exitosa en Irak”. Además, aseguran que “en Irak, hay mucha cosa para privatizar, ya que una parte considerable de la economía es estatal”. Entre los sectores que habría que privatizar, sugiere la minería, la industria química y la construcción.

Minimizar la ayuda comercial

Durante la guerra, el gobierno de Bush evitó hablar de la ayuda comercial creada en Irak para Estados Unidos y otras empresas extranjeras. Sin embargo, ha tomado medidas como la de firmar un contrato con una compañía privada, Steveoring Services of America, para que opere el puerto de Umm Qasr. Otro contrato, de asistencia técnica para la reconstrucción, fue firmado con el International Resources Group, que compartirá el trabajo con un subcontratante de Gran Bretaña, Crown Agents, que, por su parte, es producto de la privatización de una agencia británica de ayuda para el desarrollo.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que coordina los planes de reconstrucción, otorgó a seis grandes empresas constructoras estadounidenses el derecho exclusivo a postularse para la licitación de los trabajos de ingeniería. Según varios informes de prensa, los principales competidores son las empresas Bechtel y Parsons. Se dice que esta última le ganó a Halliburton, que a su vez fue eliminada del primer lugar de la lista por una controversia acerca de las relaciones de la empresa con el vicepresidente Dick Cheney.
Lo importante de Bechtel y Parsons es que ambas empresas, además de dedicarse a la construcción como actividad principal, realizan actividades de privatización en Estados Unidos y en todas partes. Bechtel es líder en privatización de suministro de agua y se ubica en el cuarto lugar del mundo, después de Suez, Vivendi Universal y RWE/Thames Water. Una subsidiaria de Bechtel se vio forzada a abandonar sus operaciones en Cochabamba, Bolivia, luego de un levantamiento popular debido al aumento generalizado de las tarifas de suministro de agua. Bechtel presentó una demanda contra Bolivia por 25 millones de dólares como compensación, por medio de un tribunal secreto del Banco Mundial.
Parsons realiza estudios de factibilidad para privatizar sectores y, a veces, se ocupa de poner en marcha el proceso de privatización. El caso más famoso es el de la privatización del sistema de autoinspección de Nueva Jersey, Estados Unidos. El proyecto, que costó más de 500 millones de dólares, fue demandado por ineficiencia y costo exagerado. Parsons fue el único que se presentó a la licitación, concedida a fines de la década del noventa durante el período del gobernador Christie Whitman, que hoy dirige la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Está claro que existen muchas oportunidades comerciales en Irak. Se sabe que el gobierno de Bush se ha comprometido con cerca de 10 grupos empresariales para transformar toda la economía iraquí, desde la agricultura hasta el sistema bancario. Se supone que las empresas estadounidenses recibirán contratos de reestructura y operarán aeropuertos, escuelas y hospitales.

El gran premio

El gran premio, claro, es el petróleo. No hay duda de que se llamará a empresas extranjeras para que operen el sistema petrolero una vez terminada la guerra. La pregunta es si se quedarán allí para siempre y llegarán a tener, incluso, interés en las acciones. Hay quiénes piensan que así debe ser. En diciembre de 2002, los autores del informe de la Heritage Foundation publicaron un artículo en la versión electrónica del archiconservador National Review, titulado “Privatizar el petróleo iraquí”. El diario Los Angeles Times informó en febrero que un equipo de asesores del Departamento de Estado, formado por profesionales petroleros iraquíes exiliados, recomendó privatizar los recursos petroleros del país una vez que el gobierno militar estadounidense sea sustituido por un nuevo gobierno soberano.
El equipo de gobierno de Bush ha hablado de usar los dividendos del petróleo para beneficio del pueblo iraquí, pero es significativo que la persona designada para vigilar la producción petrolera de la posguerra sea Philip Carroll, un ex gerente de la compañía Shell. Carroll también fue gerente de Fluor Corporation, una de las grandes empresas constructoras que fueron invitadas a presentarse a la licitación para la reconstrucción de Irak.
Los posibles conflictos de intereses de Carroll no son el mayor obstáculo que deberá enfrentar el gobierno de Bush en sus planes de explotación petrolera después de la guerra. The Washington Post informó el 3 de abril que la ONU y funcionarios británicos alegaban que Estados Unidos no tendría la autoridad legal para hacerse cargo de las operaciones del sector petrolero de Irak, ni siquiera en forma provisoria, si el Consejo de Seguridad no lo ordenaba así, dado que dichas operaciones han estado bajo supervisión del foro mundial por el programa de petróleo-por-alimentos.
En enero, el Platt´s Oilgram News informó que un proyecto de ley redactado en 1976 por el Departamento de Estado, cuando Israel asumió el control de los pozos petroleros del Sinaí, que habían sido desarrollados por Egipto, concluye que el derecho internacional no apoya el derecho de un poder ocupante a otorgar concesiones de desarrollo petrolero. No sería sorprendente que el Departamento de Estado esté ahora a la búsqueda de otra opinión.

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Este artículo fue publicado en el boletín informativo electrónico del Corporate Research Project www.corp-research.org, de la cual Philip Mattera es director